La imagen más fuerte y simbólica de una manifestación de protesta es la de un joven arrojando una bomba molotov. Es la toma soñada por los reporteros gráficos. Por eso siempre eligen una así para informar sobre las movilizaciones en Venezuela. Pues bien, no hay una sola foto de ese tipo durante la noche del 31 de marzo pasado cuando se quemó una parte del Congreso. Y eso que había allí centenares de curiosos filmando el inusual espectáculo. Es lógico asumir entonces que el incendio no fue iniciado por bombas de ese tipo, sino probablemente por otros elementos, como encendedores, papeles y petardos. Sin embargo, algunos genios de la seguridad nacional estaban seguros que bastaba encontrar las bombas molotov para explicarlo todo.
Sabían, incluso, dónde estarían: en el local del PLRA. Y allá fueron, en una incursión tan bárbara como atolondrada. Sería estupendo encontrar a los dirigentes liberales armando bombas incendiarias. Si hubieran hallado una sola botella con combustible y una mecha de tela la iban a mostrar como un trofeo. Pero no solo no había nada, sino que mataron a Rodrigo Quintana y al proyecto de enmienda constitucional. La Policía, muda de vergüenza, ya no insistió con el tema, pero los fiscales mantuvieron su enrevesada hipótesis. Contaban con las imágenes del circuito cerrado del PLRA. Pero allí solo se ve borrosamente a alguien con una bolsa negra de plástico y a otros con botellitas en la mano. En la bolsa podría haber cerveza, vinagre o lechuga. Para los fiscales había bombas molotov y punto.
Hasta un estudiante del curso probatorio de Derecho sabe que con eso no va a probar nada en un proceso judicial normal. Pero estos fiscales no parecen muy normales. Aunque demos por hecho que las bolsas negras contenían botellas con combustible –lo que está lejos de ser probado–, faltaría demostrar que fueron esas las bombas que provocaron el incendio. Con un detalle: cuando se hicieron esas filmaciones, el Congreso ardía hacía varias horas.
El caso terminaría aquí si Cartes no se hubiera enojado con la Fiscalía e indicara el nombre de Stiben Patrón. A los fiscales les agarró una flojera de vientre y apresaron al supuesto piromaniaco de 21 años, cuyo nombre tiene reminiscencias del spanglish y con una activa participación en las movilizaciones liberales previas. Para la derecha sería un vándalo, para la izquierda un guarimbero. En realidad solo había participado de escraches a parlamentarios y, en las grabaciones del interior del Congreso, se lo ve tirando al piso una computadora. No hay ninguna foto o video en los que se lo vea quemando algo. Pero los fiscales ya no podían detenerse: decretaron su prisión pese a que estaba sometido al proceso y allanaron su casa, donde estaban su esposa y su bebé. La salvación de los fiscales sería encontrar allí las bombas molotov. Pero nada; se llevaron un banner que decía “Dictadura nunca más”.
El pirómano está en Emboscada, aunque lo único que haya quemado sea la respetabilidad de la Fiscalía de este país.
