Nadie entendía los motivos por los cuales la fiscala María Raquel Fernández se negaba tenazmente a investigar los cruces de llamadas de la fatal noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017, donde policías atacaron la sede del PLRA que dejó como saldo el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana.
Sin embargo, tras las ola de cruce de llamadas que se dieron a conocer, se descubrió que Fernández llamó en octubre pasado a Luis Canillas, asesor de Yacyretá y uno de los que se comunicaron con el comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, esa trágica noche.
La conversación se realizó en dos ocasiones en un mismo día y una semana después volvieron a charlar, justo en momentos en que los padres del joven asesinado rogaban a la fiscala que investigue el cruce de llamadas que involucraba a Canillas, el gerente de la tabacalera del presidente Horacio Cartes, José Ortiz, Arnaldo Franco, Lilian Samaniego, así como senadores y diputados.
Rechazo. En el Ministerio Público, a través de la resolución Nº 189 de inicio de octubre, la fiscala Fernández rechazó la solicitud presentada tres veces por el PLRA, como querellante en la causa por el homicidio doloso de Quintana, donde pedían que se indaguen a las operadoras telefónicas. Todas estas personas aparecieron en los registros de llamadas del entonces comandante Sotelo.
Sin embargo, el 21 de diciembre pasado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal decidió admitir recurso de apelación y ordenó a la fiscala Fernández que investigue el cruce de llamadas.
Recusada. No obstante, ante la visible relación entre la agente del Ministerio Público y Canillas, en medio de la oleada de denuncias por tráfico de influencia, los padres del joven liberal recusaron a Fernández y se aguarda que la aparten del caso.
“Ella no puede seguir al frente de este caso porque se negó tantas veces a investigar los cruces de llamadas, pero había sido que ella estaba recibiendo órdenes de José Ortiz y Canillas, que querían tapar a toda costa su responsabilidad en el caso”, dijo el abogado de los padres del joven liberal asesinado, Guillermo Duarte Cacavelos.
Blas Llano y otros. Mediante el cruce de conversaciones del 31 de marzo, en horas de la noche, una llamada marcó el inicio de otras que se desencadenaron instantáneamente.
El senador Blas Llano llamó a las 22.32 al presidente Horacio Cartes (ver facsímil). Luego la seguidilla de llamadas al mismo número, el del ex comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo. A las 22.37, el asesor Darío Filártiga llamó a Sotelo y cinco minutos más tarde, el entonces ministro del Interior, diputado Tadeo Rojas, también habló con Sotelo.
El polémico asesor jurídico de la EBY, Luis Canillas, también entró en escena y siendo las 23.22 le habló a Sotelo, lo mismo que el senador Enzo Cardozo, que mantuvo comunicación con Sotelo a las 23.31.
Ya en la madrugada del 1 de abril, Sotelo recibió el llamado del gerente de Tabesa, José Ortiz, a las 0.04; del presidente Cartes, a las 0.07 y de Tadeo Rojas, a las 0.12.
Objetividad. Para la defensa de Quintana, ante la vista de “cualquier observador objetivo se puede suponer que los encargados del operativo no llegaron de forma fortuita al partido”, refiriéndose al suboficial Gustavo Florentín (quien disparó a Quintana), al suboficial Arnaldo Báez, al oficial Guido Amarilla y al comisario Tomás Paredes Palma, quien encabezó el operativo dentro del PLRA.
El abogado del PLRA cuenta con los 21 números que se comunicaron con el comandante de aquel entonces, comisario Críspulo Sotelo.
Casi nadie preso. Por la muerte del joven dirigente liberal, el único que se encuentra con prisión preventiva es el suboficial Gustavo Florentín, el que supuestamente realizó el disparo mortal.
También se encuentra procesado el suboficial Arnaldo Báez, otro policía que había ingresado al local del PLRA.
Otro imputado es el ex subjefe de Investigación de Delitos de la Policía, comisario Tomás Ramón Paredes Palma, procesado por el delito de inducción a un subordinado a un hecho punible (en este caso, de homicidio doloso), ya que supuestamente había ordenado al suboficial Guido Armando Amarilla que disparara contra unas personas que se refugiaron dentro del baño de la sede partidaria.
Recusada. Ante los nuevos elementos que afectan a la fiscala Fernández, la familia de Rodrigo Quintana la recusó.