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Política
miércoles 17 de agosto de 2016, 02:00

Ferrer compró sillas a G. 250.000, el doble del precio del mercado

Un informe de la Contraloría General de la República a la gestión de 2013 del intendente de San Lorenzo, el colorado Albino Ferrer, da como resultado irregularidades en la utilización de fondos del Fonacide.

En dicho periodo, de acuerdo a los informes proveídos por la Municipalidad y por el Ministerio de Hacienda, esta última institución transfirió a la Comuna, la suma de G. 9.549.743.237, en concepto de recursos del Fonacide y que, del total recibido fue ejecutada la suma de G. 8.485.582.684.

De este monto, una de las instituciones beneficiadas con dicho fondo, es el Colegio Saturio Ríos.

Para la mencionada institución, la Municipalidad compró 280 sillas con pupitre, de revestido fórmico, a 250.000 guaraníes cada una. Esta compra alcanzó un total de 70 millones de guaraníes.

Sin embargo, en consultas realizadas a empresas que venden la misma calidad de sillas, el monto no supera los 120.000 guaraníes cada una. Incluso el costo baja considerablemente cuando la cantidad a comprar aumenta. En algunos casos informaron que a partir de la adquisición de 100 sillas, el costo disminuye a 105.000 guaraníes.

De esta manera se constata que desde la Comuna sanlorenzana, valiéndose de las Asociaciones de Cooperadoras Escolares, se sobrefacturó en la compra de sillas, donde se llegó a pagar más del doble del precio real del mercado.

En ese mismo tiempo, también adquirieron 10 escritorios para docentes, a 550.000 guaraníes cada uno. Los mismos, igual que las sillas, están por encima de su valor real.

Esto también se repite con unos armarios para archivos de documentos. Fueron adquiridos 10 para el Saturio Ríos, a 1.100.000 guaraníes. En el mercado de muebles, el costo de los armarios, de dos puertas, no superan los G. 700.000.

CHE KUERAI. Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de San Lorenzo, el caso quedó a cargo de la fiscala Viviana Riveros; el sector viene realizando manifestaciones en contra de la administración de Albino Ferrer, como así también movilizaciones para conseguir una gestión transparente.

Los mismos indicaron que a pesar de la insistencia desde el Ministerio Público prácticamente no se movilizaron para investigar la situación, aunque unas 200 personas firmaron el pedido.

Ante esto, dos miembros de la asociación se presentaron como denunciantes y testigos con documentos probatorios de la sobrefacturación.