Los dirigentes campesinos de Agüerito, Departamento de San Pedro, fueron privados de su libertad por ser considerados parte del apoyo logístico del EPP. Se trataría de los hermanos Víctor y Gregorio Morales.
Los familiares argumentan que las pruebas presentada por la Fiscalía en contra de los acusados son una lata de leche en polvo y sus números de teléfonos, que estaban cerca del hecho.
La acción fue presentada por Francisca Morales, hermana de los acusados; Mariana Servín, esposa de Gregorio, y Brunilda Fernández, esposa de Víctor, bajo el patrocinio de la organización no gubernamental de derechos humanos Servicio de Paz y Justicia (Serpaj - Paraguay).
Según manifestaron los acusados, la noche del 28 de enero unos 60 militares que se encontraban vestidos de civiles y sin portar su identificación allanaron las viviendas de los campesinos utilizando extrema violencia: echaron puertas, propinaron golpes e inclusive encañonaron con armas de fuego a los integrantes de la familia.
Por esta razón los implicados y sus familiares presentaron la acción inconstitucional de la ley que modifica la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y que desde el año 2013 ha permitido el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay por considerar que la misma representa una violación de lo que establece la Constitución Nacional, la cual otorga atribuciones de seguridad interna exclusivamente a la Policía Nacional.
