Wilson Ferreira | Alto Paraná
Una de las tres personas que se encadenaron, Gualberto Burgos, manifestó a Última Hora que decidió tomar esta medida luego de que la Municipalidad de Ciudad del Este depositara como indemnización en concepto de los despidos G. 150 millones de los G. 3.750 millones que debe pagar.
“Después de 17 años, consideramos (que ese depósito) es una burla”, sostuvo Burgos. Indicó que si la Comuna esteña depositaba más dinero, unos G. 1.000 millones, ellos hubieron tomado de manera positiva.
No descartaron ir hasta la Fiscalía para protestar debido a que, de acuerdo a su versión, “tampoco hace nada” por el caso que data del 2001. En aquel entonces, la administración de Javier Zacarías Irún despidió injustificadamente a 400 obreros municipales, de los cuales 23 accionaron.
La Comuna perdió el juicio en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego se realizó la liquidación en concepto de indemnización, salarios caídos, más intereses. En este caso, Sandra McLeod fue denunciada por desacato a la orden judicial.
Desde el año 2007, la Municipalidad fue intimada, primero por el juez Atilio Saguier, luego por Carlos Balmaceda y finalmente por el magistrado Mario Aguayo. Todos sumaron más de una notificación.
En principio, la institución debió pagar la suma de G. 2.754.546.872, pero al desentenderse de la orden judicial, se le aplicó una multa de 1.000 millones.
