Este sábado, marcharon víctimas de la dictadura y gestores del golpe desde la Plaza Uruguaya hasta el Congreso Nacional, para realizar un acto de recordación en la sala bicameral de la institución.
Entre las autoridades estuvieron presentes la diputada Olga Ferreira y el senador José Manuel Bóbeda.
En la ocasión, Víctor Raúl Colmán, presidente de la Asociación de Excombatientes de la Gesta del 2 y 3 de febrero, señaló que se ha encontrado con gente que al pasar los años minimiza el esfuerzo que realizaron en aquella fecha. “Pedimos que no olviden la causa ni a aquellos que dieron la vida por la libertad de la nación”, manifestó.
Por su parte, el coronel Víctor Balbuena, quien también llegó a participar del golpe, realizó un discurso en el que llamó a los paraguayos a exigir la elaboración de leyes más justas, ya que el mayor incentivo de lucha fue buscar una vida digna y mejor para todos.
Recordó la situación de aquella semana y la tensión que se vivía. “Así como un volcán que estaba a punto de erupcionar, así era el golpe que se venía, irreversible”, describió.
Entre las imágenes que se le cruzan en la mente de aquel momento están los árboles y cables caídos, la gente en las calles, la humareda y cómo en medio de todo eso llegó a escuchar el primer grito tembloroso de “¡Somos libres!”, que anunciaba la tan ansiada victoria y libertad por parte de los combatientes.
Detalló que en el amanecer del 3 de febrero, los jóvenes combatientes dibujaban una aurora con la libertad del Paraguay. “Muchos de esos soldados paraguayos cerraron sus ojos para siempre en aras de un país más justo”, agregó.
El senador José Manuel Bóveda, a su vez, solicitó no permanecer callados y seguir luchando por una vida mejor para las familias nacionales, en nombre de aquellas personas que gritaron: “Libertad, libertad, libertad”.
Olga Ferreira ofreció un discurso de agradecimiento para todos aquellos paraguayos y paraguayas que participaron de la lucha.
Actualmente se tienen registrados 1.417 miembros que participaron de la gesta. Estos solicitan al Gobierno una indemnización de 1.300 jornales mínimos (alrededor de G. 105 millones). A finales del año pasado, se aprobó en general en la Cámara de Diputados y falta su tratamiento en particular.
