EFE
La resolución, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que tanto el servicio de protección que brindan las fuerzas federales como la custodia se realizarán “las 24 horas del día” con base en “criterios objetivos” como la función de la persona y las “hipótesis de amenazas reales”.
La medida se establece después de que en las últimas semanas se conociera que tanto el jefe de Estado como la vicepresidenta Gabriela Michetti o la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, todos integrantes del oficialista frente Cambiemos, recibieron amenazas anónimas, en su mayoría vía telefónica.
Además, el pasado 12 de agosto un grupo de manifestantes abucheó y lanzó piedras contra un vehículo de la comitiva de Macri tras un acto en la localidad bonaerense de Mar del Plata.
La cartera de Seguridad estableció que el servicio de protección por parte de las fuerzas del Estado será “de carácter obligatorio y permanente” para aquellos miembros del poder Ejecutivo que se considere necesario.
Tanto este como la custodia serán coordinados por el jefe de la Policía Federal argentina y los recursos humanos y materiales que se destinen a ellos podrán ser “incrementados o reducidos” cuando “situaciones de excepción eleven o minimicen” la posible amenaza.
La resolución marca también tres niveles de custodia para los que la cartera de Seguridad marcará los protocolos de forma confidencial.
El nivel uno está compuesto por el presidente, el vicepresidente y sus familias, mientras que el nivel dos lo conforman el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Seguridad y el secretario de Seguridad.
Por último, los ex presidentes, los ministros y los funcionarios para los cuales el ministerio “considere deba brindar el servicio” forman parte del nivel tres.
