Una de las causas de la crónica pobreza de la educación pública que hoy sirve a un millón 600 mil estudiantes de la Escolar Básica y la Media es la falta de fondos. Esta situación quedó paliada en algo cuando, a instancias del clamor ciudadano, el Parlamento aprobó en el 2012 la Ley 4758, que creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
A través de ese instrumento legal, “por lo menos el 50 por ciento” –artículo 4°– de los fondos recibidos del Brasil como compensación por el uso de la energía excedente de Itaipú que el Paraguay no utiliza deben ser destinados por los municipios y las gobernaciones “al financiamiento de infraestructura de educación consistentes en construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos”.
Dado el gran déficit histórico de atención a las necesidades básicas de infraestructura en las escuelas y colegios, cualquier cantidad de dinero resulta escaso. Sin embargo, conseguir que parte del dinero de Itaipú estuviese expresamente destinado a mejorar las condiciones en las que los alumnos estudian fue un logro ciudadano significativo.
A casi tres años de la implementación de la ley, sin embargo, se ve muy claramente que la incapacidad de las municipalidades para gerenciar correctamente el dinero que recibe está echando a perder una oportunidad para acelerar el proceso de acondicionamiento de los locales escolares.
Es penoso ver todos los días en los medios de comunicación que la mayoría de los intendentes todavía no sabe cómo utilizar el dinero o, en el peor de los casos, lo malversa, tal como ha ocurrido en la Municipalidad de San Bernardino, donde el intendente admitió públicamente haber utilizado 300 millones de guaraníes del Fonacide para pagar sueldos a empleados municipales.
Evidencia de esa limitación extremadamente grave para un país que saldrá adelante si mejora su educación es que del uso del dinero del Fonacide en el último cuatrimestre del año pasado solo 92 municipalidades rindieron cuentas del empleo de los recursos en tiempo y forma debidos, mientras 158 quedaron en mora con su informe a la Contraloría General de la República.
Esa situación no es sino la repetición de lo que ocurría en los anteriores cuatrimestres.
Todo esto lleva a la conclusión de que, en relación al Fonacide, la descentralización es un fracaso. Definitivamente, los intendentes municipales no aprendieron aún a usar los medios económicos puestos a su disposición y se está despilfarrando un precioso tiempo.
Ya que se les da la oportunidad y la desaprovechan, cae de maduro que es ya hora de rectificar rumbo, cambiar la Ley 4758 y dejar que el MEC gerencie el dinero.
Esa modificación ya ha sido solicitada por el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas de Gestión Oficial del Paraguay (Sinadi). Solo queda que la ciudadanía –por las evidencias inapelables que a diario se observan– empuje la iniciativa. Ya es suficiente el plazo de prueba que se les dio a los municipios. Ellos han defraudado largamente la confianza depositada en ellos.
