Ayer venció el ultimátum que le fijaron el pasado 13 de setiembre a la República Bolivariana para que incorpore el acervo jurídico vigente del Mercosur a su legislación interna, proceso para el que Venezuela tuvo cuatro años, a partir de su aceptación como miembro pleno en el 2012.
Ayer el canciller nacional, Eladio Loizaga, informó que estaba en permanente contacto, vía Whatsapp, con sus pares de Argentina, Brasil y Uruguay. Analizaban si en la fecha emitirían un comunicado conjunto sobre la decisión que adoptaron o si dejaban el anuncio oficial de la suspensión de Venezuela en el Mercosur, para la reunión que mantendrán en Buenos Aires, el próximo 14 de diciembre, fecha en que impondrán la presidencia del bloque a la Argentina.
Unas 300 normas, de las cuales 112 había expresado la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, no podrán adoptar porque colisionan con la Constitución de la República Bolivariana, y son las que están vigentes en el bloque y a las que debió adherirse Venezuela para mantener su membresía de socio pleno.
La ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, comunicó el martes último que Venezuela estaba dispuesta a adherirse al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 del Mercosur, que fija los reglamentos de comercio que los países miembros del Mercosur deben seguir para establecer sus relaciones de mercado.
Sin embargo, no mencionó el Protocolo de Asunción sobre compromiso con los derechos humanos del Mercosur, que en la Declaración de Presidentes del bloque, en la última Cumbre celebrada en el 2015, se le exhortó adoptar a Venezuela.
Tres fuentes del Gobierno brasileño, según la agencia Reuters, confirmaron ayer que Venezuela será probablemente suspendida esta semana del bloque regional por incumplir los requisitos para ser miembro. “No ha adoptado todas las reglas de membresía y los tratados que prometió”, dijo un funcionario directamente implicado en la decisión, que pidió permanecer en el anonimato.