"¡Aquí no hay presos políticos, sino políticos presos...!”. Hay quienes creen que esta irónica frase la pronunció nuestro autóctono dictador, el general Alfredo Stroessner, pero las búsquedas en Google la atribuyen al veterano caudillo dominicano Joaquín Balaguer, el día en que le reclamaron por llenar las cárceles del país con personas que cuestionaban los abusos de su gobierno.
En nuestro país, el Gobierno de Horacio Cartes se jacta de respetar las libertades públicas y promover la transparencia, pero cada tanto se registran episodios significativos de persecución ideológica, con personas llevadas a prisión con un criterio evidentemente más político que jurídico.
Sucedió con los campesinos del caso Curuguaty, con varios dirigentes sociales, con el abogado Paraguayo Cubas y sus colaboradores. Sucede actualmente con el joven dirigente liberal Stiben Patrón y con el docente, periodista y dirigente comunista altoparanaense Pedro Espinoza y su ex pareja Dora Meza.
En un momento en que grupos de sicarios narcos actúan con absoluta impunidad en zonas fronterizas, sembrando el terror como pocas veces se ha visto en el Paraguay, secuestrando a mujeres en su propia residencia, para luego matarlas, descuartizarlas y quemarlas a bordo de un vehículo, las fuerzas represivas del Estado parecían más preocupadas por encarcelar al joven liberal Stiben Patrón, mostrándolo esposado y conducido a una prisión de máxima seguridad, bajo la acusación de haber sido uno de los participantes de las protestas del pasado 31 de marzo, cuando acabó incendiado el edificio del Congreso.
Las pruebas exhibidas hasta ahora contra Patrón son muy débiles para justificar la aparatosidad de su encarcelamiento. Imágenes de su presencia en un acto de protesta en que hubo miles de personas, o apareciendo con una botella en manos, esa noche, en el local del Partido Liberal, presuntamente preparando cócteles molotov. Mas allá de que se pueda demostrar la comisión de un hecho punible, su gravedad y circunstancias distan mucho del carácter ejemplificador que se le quiere dar, aparentemente, más para satisfacer las públicas exigencias de castigo del jefe de Estado en contra de sus adversarios políticos.
El caso de Pedro Espinoza y Dora Meza es distinto, pero igualmente llamativo. El propio fiscal de la causa, Manuel Rojas, concluye que la droga hallada en la residencia de ambos fue plantada por la policía, pero el juez se niega a conceder la libertad.
En un país en donde la Fiscalía y la Justicia siguen prisioneras de los intereses del poder político o económico, no es descabellado suponer que estamos ante preocupantes nuevas situaciones de presos políticos. O, en todo caso, de políticos presos.
