Quizás uno de los debates más estériles del último quinquenio en el Congreso fue el del juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia. En diciembre del 2014, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político a Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo. No obstante, la remoción de estos y otros ministros fue objeto de discusiones y, sobre todo, negociaciones ya desde el gobierno de Fernando Lugo. Varios de los ministros que actualmente integran la máxima instancia judicial mantuvieron a lo largo de los años una disputa intermitente con el Parlamento y el Poder Ejecutivo.
Recordemos el intento de “golpe parlamentario” denunciado en el 2012 por el entonces ministro Víctor Núñez, cuando el Senado declaró vacantes los cargos de siete ministros, o cómo diputados pegaron el grito al cielo cada vez que alguien en la Corte era declarado inamovible.
Estos enfrentamientos de baja intensidad se caracterizaron por su periodicidad y por lo rápido que fueron nuevamente olvidados, mientras que ante los ojos de la ciudadanía el Poder Judicial fue hundiéndose cada vez más en sus palacios de corrupción y tráfico de influencias.
¿Qué ha logrado la clase política en todo este tiempo? Concretamente, nada. El enjuiciamiento es una espada que pende hace dos años sobre un tercio de la Corte, pero también es una amenaza que se va desinflando con el transcurrir de los meses.
Hoy, varios congresistas que quieren remover a los tres ministros reconocen que no tienen los votos necesarios. La cuestión del recambio en la Justicia se mezcló con el internismo del Partido Colorado y la oposición a un Gobierno que aún no logra avanzar hacia su tan mentado objetivo de renovar el Poder Judicial. El juicio político terminó siendo todo menos un juicio como corresponde: justo y pronto.
En el Parlamento la discusión sobre la renovación de puestos en la Corte Suprema de Justicia ni siquiera roza el libelo acusatorio por el cual tres ministros serán enjuiciados –que incluye cosas como el prevaricato, ignorancia de la ley, fallos contradictorios y sentencias a medida de criminales. El debate en los partidos políticos se resume en qué espacios de poder ceder y cuáles ganar.
A esta negociación no escapa el selecto y cada vez mayor grupo de diputados y senadores investigados y procesados por hechos de corrupción. No sorprende así la lentitud del Poder Judicial para condenar a políticos o, por lo menos, finiquitar sus procesos penales.
Detrás del juicio político solo hay acuerdos políticos no resueltos y un desinterés histórico a la verdadera independencia judicial. Toda esta cortina de humo esconde una Justicia debilitada y cada vez más vulnerable ante los políticos y el poder económico.
