El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) se encuentra en una suerte de pulseada jurídica con las universidades e institutos superiores que se crearon entre 2006 y 2010, cuando regía la Ley 2529 que permitió la habilitación descontrolada de instituciones con sus filiales en el interior.
En esa época florida para los empresarios de la educación, se crearon 26 de las 54 universidades y 31 de los 38 institutos superiores.
Sin un presupuesto acorde ni los recursos humanos suficientes, el Cones busca reordenar el desbarajuste legal por el cual atraviesan la mayoría de esas instituciones cuyos egresados no pueden retirar sus diplomas de grado en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
“Hay universidades que con una sola resolución crearon 92 filiales. Con ese documento hoy se presentan en la declaración jurada; aparentemente es una habilitación legal, pero no existió in situ en la realidad”, explicó el Ing. Hildegardo González, presidente del Cones, al significar que esas sucursales o franquicias figuraban en papeles, pero empezaron a funcionar recién en 2012 o 2013 cuando la polémica normativa fue reemplazada por la Ley de Educación Superior Nº4995. Esta norma exige que todas las carreras tengan aval del Cones.
En el caso de los institutos –dijo– el problema es que tienen un solo campo del saber que es salud y solamente pueden otorgar dos títulos: Enfermería y Obstetricia. “Sin embargo, generan hasta 40 carreras. Esta el caso de este instituto (Interregional) que hoy está en litigio”, apuntó.
Esto quiere decir que si un instituto ofreció carreras que su ley no le permite, “ese título no puede tener validez y no son reconocidos por el Cones ni por el Ministerio”, insistió.
Esto alcanza también a las universidades que “en un solo papel” habilitaban filiales en “80 a 90 comunidades” del interior país.
Intimación. “En Pedro Juan Caballero hay ocho facultades de Medicina. En San Juan Bautista Misiones, en un solo edificio, están con tres universidades. Le hemos intimado a una de ellas y a otra del Saltos del Guairá". Así enumeró González algunos de los litigios que llevan adelante.
“Hay institutos en el interior que ofrecen hasta 40 carreras. Cuando uno recorre las rutas, hay carteles (de institutos de salud) en todo el país y ninguna de esas tienen la habilitación legal”, lanzó. Pero se basan en la caduca Ley 2529.
“Lo más peligroso de todo es el tema de la salud. Hemos clausurado 25 filiales de la Universidad Sudamericana del área de la salud y una Facultad de Medicina en Pedro Juan Caballero que con una medida cautelar está funcionando”, mencionó.
Incluso, esa institución busca obligarle –apuntó– a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) “que lo acredite” sus carreras a través de la medida cautelar. “Esto también estamos litigando”, refirió al asegurar que ya pasaron “la lista de las carreras de salud habilitadas” al Ministerio de Salud Pública.