El asunto ha generado un conflicto de poderes y una situación sin precedentes en la historia jurídica brasileña, dada por el hecho de que el Senado ha desconocido una cautelar dictada por un magistrado del Supremo a la espera de una decisión del pleno de la corte.
El conflicto comenzó a gestarse la semana pasada, cuando el Supremo instauró un juicio penal contra Calheiros, bajo la sospecha de que favorecía a una empresa que, a cambio, pagaba la pensión de una hija que tiene fuera del matrimonio.
El pasado lunes, el juez Marco Aurelio Mello, uno de los once miembros del Supremo, aceptó una demanda que exigía la suspensión de Calheiros de la presidencia del Senado por su nueva condición de reo de la Justicia y dictó una medida cautelar en ese mismo sentido.
Sin embargo, la Mesa Directiva del Senado se negó a cumplir con la cautelar y, en abierta rebeldía, dijo que Calheiros seguirá en su puesto hasta que el pleno del Supremo se pronuncie sobre el caso.
Según Mello, quien responde a una acción penal no puede estar en la línea sucesoria de la Presidencia, en la que el jefe del Senado le sigue al de la Cámara de Diputados.
Mello se apoyó en un juicio aún inconcluso de la Corte Suprema, en el que la mayoría de los magistrados ya se ha pronunciado en esa misma línea, pero sobre el cual no existe una decisión definitiva.
Calheiros es un importante dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el presidente Michel Temer, quien confía en su formación para impulsar la votación de unas polémicas e impopulares medidas de un severo ajuste fiscal.
En caso de que el pleno de la corte obligue a Calheiros a dejar su cargo, será sustituto por el actual vicepresidente del Senado, Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado y que califica a Temer y al PMDB de “golpistas”.
El temor del Gobierno es que, al frente del Senado, Viana pueda alterar la pauta de votaciones y postergar decisiones sobre medidas que forman parte del duro plan de ajustes fiscal que ha presentado a las cámaras legislativas.
