Paraguay es uno de los países que mayor aumento registran en el gasto de salud en los últimos años en América Latina. Pero, paradójicamente, también es el país que menores avances registra en sus indicadores de salud. El resultado es que como los otros países mejoraron más rápido que nosotros, Paraguay quedó atrás. Aun con el aumento del gasto, el esfuerzo fiscal que realiza el país es mínimo para lograr equipararnos a las condiciones de salud del promedio latinoamericano, y estamos mucho más lejos todavía de países como Argentina, Uruguay, Chile o Costa Rica. En promedio Paraguay invierte en salud alrededor de 72,5 dólares por persona por año, frente a un promedio latinoamericano de 240,7 dólares y de entre 300 y 400 dólares en los países citados.
Frente a esta situación, Paraguay se ubica entre los países de mayor gasto de bolsillo. Es decir, como el sector público invierte poco, las familias que enfrentan la enfermedad de uno de sus integrantes deben recurrir a sus propios fondos. Esta situación viola derechos constitucionales, ya que la vida y la salud de una persona no pueden depender de sus ingresos.
La baja cobertura de la seguridad social –IPS– contribuye con esta situación, dada en parte por las condiciones legales de acceso –centrada principalmente en el trabajo formal– y en los grandes niveles de evasión.
Bajo nivel de aseguramiento junto con bajo nivel de financiamiento para la salud pública ofrecida por el Ministerio de Salud configuran altos índices de exclusión. Pero la situación empeora al analizar la solución propuesta por el sector público de destinar una importante suma de dinero al aseguramiento en el sector privado, en lugar de ampliar la base contributiva del IPS y fortalecer la salud pública.
El resultado, además de ineficiente, es inequitativo. Al final, este sistema termina beneficiando principalmente a los quintiles más ricos de la población que son los que cuentan con cobertura de IPS y de la seguridad privada financiada con fondos públicos. Mientras que una parte importante de la clase media y las familias en situación de pobreza deben recurrir a los servicios del MSPBS, con pocos recursos y mala calidad. Esta población que destina una parte importante de sus ingresos a pagar impuestos y no cuenta con IPS financia los seguros privados de una mínima proporción de la población.
Esta forma de financiar la salud es sumamente injusta porque excluye a la mayoría de la población y solo puede ofrecer servicios de baja calidad, reflejados en la ausencia de personal de blanco en los establecimientos, desabastecimiento de insumos, inexistencia de ambulancias, entre otros problemas.
En estas condiciones, el aumento de los fondos destinados a la salud, ya sea al Ministerio de Salud o a los seguros privados, no solo afectará poco a las condiciones de salud de la población, sino que contribuirá a profundizar las desigualdades. Dos de los roles indelegables del Estado y de las políticas públicas es asignar eficientemente los recursos escasos y reducir las desigualdades. Con este sistema de financiamiento no cumple ninguna de esas funciones y, al contrario, contribuye negativamente.
