Ayer, la Policía Nacional demostró claramente que no está entre sus prioridades preocuparse por brindar protección a los periodistas que se desempeñan en zonas de riesgo.
Se esperaba que este año, en el Día del Periodista, que conmemoramos ayer como todo 26 de abril, por fin la Policía Nacional se animaría a suscribir un acuerdo con el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y el Foro de Periodistas del Paraguay (Fopep) para oficializar un mecanismo de protección que debe activarse automáticamente en casos de amenaza o atentado contra un trabajador de prensa.
La necesidad de hacerlo está más que justificada. Ayer se cumplieron 25 años del asesinato de Santiago Leguizamón, ocurrido por decisión de la mafia fronteriza; ejecutado en pleno día, el 26 de marzo de 1991, cuando el colega se dirigía a almorzar. También hace un año y seis meses que el corresponsal de ABC en Curuguaty y su acompañante, Antonia Almada, fueron acribillados en Villa Ygatimí (Canindeyú), región bajo dominio del narcotráfico, donde varias instituciones locales estaban¿? al servicio de este. Entre ellas, la policía.
En la lista de periodistas asesinados y cuyas muertes siguen impunes figuran otros colegas en Pedro Juan Caballero y otras ciudades del país.
Ante esta realidad que tiene que ver con la violencia que imprimen los poderes fácticos que se enseñorean de cada vez más vastas regiones del territorio nacional, el SPP y el Fopep trabajaron desde el año pasado con representantes de dos oficinas de la Policía Nacional en la elaboración de un “Protocolo de Seguridad para Periodistas en Situación de Alto Riesgo por Amenaza”.
El documento está listo hace meses. Pero no hay voluntad de suscribirlo ni adoptar las medidas que en él se contemplan para responder con celeridad en casos de atentado, amenazas y otras situaciones que afectan a los periodistas como consecuencia de la investigación y publicaciones que realizan.
En el protocolo se establece qué instancias policiales se encargarán de poner en marcha las medidas de prevención y protección. Si la Policía Nacional no es capaz de concretar una iniciativa de carácter perentorio como esta, es difícil hacerse a la idea de que la institución persigue la eficiencia y eficacia y en ella se puede confiar. Cuesta creer que le interesa proteger la labor de los periodistas y apoyar la libertad de prensa en el país.
¿Aguardamos otro 26 de abril?
