Samuel Acosta - @acostasamu
Pese al dinámico ritmo de la economía, la administración Cartes mostró ínfimos resultados en la reducción de la pobreza, no disminuyó el desempleo ni tampoco mejoró la imagen de país de riesgo de lavado de dinero.
Los grandes números de la economía no mostraron grandes cambios durante el Gobierno que se autodenominó como “el nuevo rumbo” para el Paraguay. El presidente Horacio Cartes recibió en agosto de 2013 un país creciendo al 14%, todavía impulsado por el boom en los precios altos de materias primas, principalmente de los granos de soja.
Sin embargo, antes que diseñar estrategias que ayuden a disminuir la dependencia de la agricultura, Cartes mantuvo el estatus quo sobre los cimientos del crecimiento económico nacional e incluso blindó toda posibilidad de modificar la contribución de este sector al Fisco.
En consecuencia, la economía paraguaya fue un reflejo de lo que pasó con la soja; desacelerándose hasta un 3% en el 2015 cuando el precio del grano en el mercado internacional tocó su piso y recuperándose desde el 2016 cuando los valores volvieron a recuperarse. Ese modelo de dependencia sobre un sector que tiene poco efecto derrame sobre la población mayoritaria se evidenció en los indicadores de pobreza y desempleo.
POBREZA Y DESEMPLEO
En 2013 la pobreza afectaba al 28% de la población, y a pesar de que este Gobierno destinó hasta USD 824 millones en transferencias monetarias en programas como Tekoporã y subsidio alimentario para adultos mayores, el último reporte de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (Dgeec), señala que poco más de 1,8 millones de compatriotas siguen en la línea de pobreza y unos 301.000 están en la indigencia.
Apenas hubo una reducción de 1,6 puntos porcentuales de la pobreza, que hoy se ubica en 26,4%, lo que es un ínfimo avance si se tienen en cuenta que la bandera de la campaña de Cartes en los comicios presidenciales fue la lucha frontal contra la pobreza.
Los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) indican que incluso el nivel de desempleo abierto en Asunción y Gran Asunción, donde se concentra más de la mitad del total de los ocupados del país, se ubica actualmente en un 7,6%; un porcentaje superior al 7,3% con el que arrancaba esta administración.
El desempleo abierto a nivel nacional impacta al 6% de los que están en edad de trabajar.
Deuda duplicada. Donde sí hubo cambios relevantes fue en el nivel de la deuda pública. En el 2013 la deuda representaba el 14% del PIB con USD 4.174 millones, en tanto que ahora llega al 25% del PIB con USD 7.394 millones.
El Gobierno de Cartes aumentó la deuda en USD 3.220 millones, lo que equivale a un incremento de 77% del pasivo.
En los últimos cinco años el BCP logró mantener un buen control sobre el nivel del costo de vida y gracias a esto el año pasado inclusive se redujo la meta anual de inflación a un 4%, que se espera sea el porcentaje inflacionario al cierre de este año.
La política orientada a las metas de inflación no fue una política instaurada por este Gobierno, se viene llevando a cabo desde el 2011, pero durante este periodo sí se logró reducir la meta inflacionaria al nivel más bajo de la historia.
La gran novedad durante este periodo de Gobierno fue la modificación de la ley del Código Laboral, que desde noviembre del 2016 incorporó el sistema de ajustes del salario mínimo de forma anual, según el nivel de inflación acumulado de los últimos 12 meses. Para este año se espera que en junio se produzca un nuevo ajuste que estaría en torno al 4%, lo que elevaría el salario mínimo a poco más de G 2,1 millones. El gran problema es que este nivel de ingresos apenas lo perciben unos 340.000 trabajadores, y se estima que son más del millón los que se emplean en negro y perciben ingresos por debajo del mínimo legal.
Finalmente, Paraguay no logró durante la gestión de Cartes, mejorar su imagen en el nivel de riesgo de lavado de dinero ante el mundo. Al cierre de este periodo se ubica en la posición número 16 a nivel mundial, siendo el país de mayor riesgo en América Latina para el lavado de activos, según el informe anual de Basilea.
Este año el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) tomará examen al país sobre sus avances en materia de combate al lavado de dinero, lo que determinará la eficacia de las medidas adoptadas.
