“Hay un corredor en el que faltan recursos, que es el mío, para poder elevar la seguridad al nivel de los otros. Algo que es importante también para todos. Cuando tienes una situación caótica en una parte de la frontera incrementan las muertes de migrantes”, reconoce Padilla en entrevista con Efe.
Consciente de que la migración irregular no se va a parar sólo “con acciones policiales”, insiste en que una frontera de unas 2.000 millas (3.218,68 kilómetros) “totalmente abierta” es un “peligro para todos”, por lo que para su Gobierno es una prioridad tener capacidad para detectar los puntos de entrada y para “reaccionar y detener” lo que está cruzando de manera ilegal.
Pausado y tranquilo, Padilla, que lleva más de 30 años en el oficio, recuerda que en 1992 el área de California, San Diego y Tijuana era “las más complicada”, pero el reforzamiento en esas zonas ha permitido que ahora “las organizaciones delictivas no puedan operar de una manera muy grande o muy caótica”.
Pero en su sector, dónde se producen “el 50 % de todas las detenciones que se llevan a lo largo de toda la frontera”, es necesario ser “más agresivos” contra los coyotes -traficantes de personas- y los contrabandistas, máxime cuando los peligros del desierto para los migrantes son infinitos.
Caminan durante días por el desierto de Arizona con un galón de agua y con temperaturas de hasta 45 grados centígrados, un clima propicio para la deshidratación que obliga a muchos rescates, y cuándo pasan ese escollo -continúa relatando los periplos-, se encuentran el río Bravo, que intentan cruzar a pie o en balsa.
Solo en el año fiscal de 2016, las autoridades fronterizas localizaron muertas a 132 personas, también por la violencia de los cárteles en la zona.
Es por ello, explica Padilla, que siguen reforzando la seguridad para prevenir la migración y evitar “más muertes innecesarias” y en este sentido se orienta el trabajo coordinado con los diferentes consulados y también la Iniciativa de Migrantes Desaparecidos (MMI), basada en cuatro ejes.
Estos son la prevención, la información de alertas de familiares, consulados o emergencias de los propios afectados; la identificación de personas con exámenes forenses y pruebas de ADN y la reunificación con sus seres queridos.
“Queremos que no haya muertas innecesarias”, proclama, y para ello se coordinan con sectores civiles y no gubernamentales, entre otros, y así aunar esfuerzos para lograr una reducción de las cifras de deportaciones, como ha sucedido durante estos primeros meses durante la administración de Donald Trump.
A su juicio, esta rebaja está influida por muchos factores pero evidentemente “no es un secreto que esta administración tiene un enfoque muy específico en la seguridad en la frontera”, que incluye tanto la migración irregular como grupos criminales, entre ellos el narcotráfico, la trata de personas o el contrabando.
El objetivo para el futuro sigue siendo el mismo del principio, hacer un “esfuerzo muy avanzado para poder reducir todo el trafico que entra ilegalmente a los Estados Unidos”, enfatiza Padilla durante una visita de trabajo a Guatemala que concluye hoy.
Sobre el trato que reciben los migrantes en el momento de su detención o deportación es tajante. En los más de 30 años que lleva en el servicio los valores que se inculcan son los mismos: tratar a la gente “con dignidad y con honor”, aunque admite que puede haber casos, dentro de la patrulla u otras organizaciones que colaboran, que “se salen de una norma y que hacen lo que no es correcto”.
“En esos casos tenemos que tomar acción inmediatamente” y fomentar la protección y los derechos humanos “para asegurar que toda persona sea tratada de una manera humana y digna”.
