Luego de más de cinco horas de debate, 60 parlamentarios votaron a favor de la propuesta proveniente de senadores; mientras que 15 legisladores, la mayoría del PLRA, votaron a favor de la versión de diputados. Hubo tres votos en blanco y dos ausentes.
Durante la sesión extraordinaria la bancada del PLRA expresó su apoyo a la aprobación del documento, pero la versión emanada de Diputados. Lo hizo a través del diputado Antonio Buzarquis, quien aclaró que es una decisión del directorio del partido. Sin embargo, posteriormente, se demostró la división de posturas al respecto.
Por su parte, los parlamentarios colorados expresaron su apoyo a la versión modificada en el Senado. Los sectores de izquierda sentaron su posición en contra de esta normativa, a la que consideran inconstitucional, además señalar que atenta contra la soberanía y otorga “súper poderes” al Ejecutivo.
El sector de Avanza País (AP) presentó durante el debate, de manos del diputado Ramón Duarte, un pedido de realizar un referéndum antes del tratamiento de la normativa, finalmente esta proposición no contó con el apoyo del pleno y prosiguió el debate.
Ley de APP
El proyecto “De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, establece una regulación jurídica que facilita la realización de proyectos de inversiones en infraestructura pública. Las modificaciones introducidas en el Senado, establecen que los mismos también se pueden aplicar a los bienes y servicios en general.
La Cámara Alta había incluido, entre sus modificaciones, que el Ejecutivo tiene la potestad de autorizar inversiones sin la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, ni la intervención del Congreso Nacional.
El proyecto original de la ley de alianza público-privada (APP) había sido presentado al Congreso en noviembre de 2012 por el entonces ministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis.
Con el nuevo periodo presidencial, el proyecto reflotó pero con las sugerencias de modificaciones del nuevo presidente Horacio Cartes, que incluye la ampliación del proyecto a bienes y servicios.
Polémicas modificaciones
Uno de los puntos más polémicos de la APP, es que otorga al Ejecutivo la potestad de autorizar inversiones sin la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas ni la intervención del Poder Legislativo, al cual solo deberían remitirse informes acerca de los proyectos autorizados.
Sindicatos, centrales obreras, organizaciones campesinas y sociales, así como estudiantes secundarios cuestionan el artículo 52, que además de proyectos de infraestructura pública, incluye salud, educación; generación, distribución y transmisión de energía eléctrica y otros recursos naturales.
El proyecto de ley generó durante todo el día una serie de manifestaciones en distintos departamentos del país y una gran movilización en el centro de la capital.
Los manifestantes cuestionan que con esta ley se concentraría solo en el Ejecutivo, atentando así contra la democracia. También sostienen que se trataría de una privatización de entes estatales, aunque el presidente Cartes haya asegurado que no es esa la esencia del proyecto. El mandatario, insistió en reiteradas ocasiones en que se considera “enemigo” de la privatización.
