El pasado 10 de abril fiscales se constituyeron en la Comandancia de la Policía Nacional para extraer imágenes del sistema de circuito cerrado del depósito de armas y municiones de uso letal, sin embargo, constataron la desaparición de los archivos correspondientes al 31 de marzo hasta el 7 de abril.
El perito forense dijo en el acta fiscal que las grabaciones pasaron por un mantenimiento que posibilita el formateo general y reinicio del sistema.
Agentes de la División de Asuntos Internos de la Policía Nacional, un personal de la Dirección de Orden y Seguridad, además de un particular participaron del proceso de extracción de los archivos, según informaron en el Telediario emitido por Telefuturo.
Un técnico en informática manifestó que le pidieron borrar los archivos de seis días de seis cámaras diferentes, por lo que tardó tres días en borrar todas las grabaciones que son 500 GB de datos.
“Ellos no tienen la contraseña y no saben sacar esa grabación, solo saben visualizar en ese momento nomás, ellos no tienen cómo se ve la grabación, ellos no saben cómo se extrae, por eso recurrieron a mi persona”, expresó.
De acuerdo a las informaciones recabadas por el Ministerio Público, las grabaciones del depósito de armas de uso letal fueron llevadas a la casa particular de un policía.
El suboficial Javier González fue señalado como el responsable de haber llevado a su vivienda el disco duro del sistema de grabación, sin embargo, el mismo reconoció haberlo guardado en su oficina.
“En mi oficina llevé para poder proteger las informaciones, porque si no llevaba íbamos a perder más informaciones, a mí se me ordenó proteger esa información, por eso saqué el disco duro, llevé en la oficina y dejé ahí", dijo.
Por su parte, la fiscal Lorena Ledesma emplazó a la Policía para la entrega del disco duro, que finalmente se concretó el 17 de abril. Se aguarda que el laboratorio forense de la Fiscalía esclarezca la desaparición o alteración de las grabaciones correspondientes a la armería, de donde se estima que salió el arma y las municiones que acabaron con la vida de Rodrigo Quintana tras ser disparado por un policía.
El Ministerio Público requirió ayuda internacional para acceder al contenido del teléfono de Gustavo Florentín, ya que no pudo abrirse usando el patrón digital o la dirección de correo del imputado, pues la configuración del aparato fue alterada.
“Aparentemente podríamos estar ante una manipulación del teléfono celular, vamos a determinar si existió tal manipulación, como se está sospechando, porque no se ha podido ingresar a través del patrón que se había dado para abrir el teléfono celular”, expresó la fiscal Ledesma.
Según los registros, la última vez que Florentín retiró armas y municiones de uso letal fue el 29 de marzo, devolviéndolas a las 00.20 del día 30 de marzo.
