EFE
La investigación, que se presentará el martes en el Congreso, analiza los expedientes y carpetas fiscales donde constan las intervenciones judiciales y del Ministerio Público en los casos de deforestación en la Región Oriental de Paraguay, donde está prohibida la tala de árboles desde 2004 a través de la Ley de Deforestación Cero.
El estudio desvela irregularidades en estos casos, como el incumplimiento del plazo para poner a los imputados a disposición de los jueces, la mala redacción al formular las imputaciones y la no distinción entre crimen y delito.
También se aplican de manera irregular las salidas alternativas al proceso penal en casos de deforestación y es constante la falta de argumentación de los requerimientos y decisiones por parte de los operadores de Justicia, según un comunicado difundido por el Inecip.
“La mala actuación de fiscales y jueces es lo que permite que la deforestación continúe (...). Van a continuar los delitos hasta que los órganos estatales sancionen a los responsables”, declaró Juan Martens, director de Inecip y uno de los responsables de la investigación.
En la Región Oriental de Paraguay está presente el Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), uno de los principales ecosistemas de Paraguay, que en los últimos 10 años ha perdido casi un 85 % de su extensión.
Así, de los 9 millones de hectáreas de su superficie original, hoy solo se conservan 1,3 millones de hectáreas, según datos de la organización conservacionista WWF.
WWF considera que tanto el Bosque Atlántico como el Gran Chaco son ecosistemas de importancia mundial para la mitigación de los efectos del cambio climático.
La actual tasa de deforestación sitúa a Paraguay como el sexto país del mundo con mayor reducción de bosques, con la pérdida de unas 325.000 hectáreas anuales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
