28 abr. 2024

Demanda extranjera podría quebrar APA

La entidad Autores Paraguayos Asociados (APA) debe G. 15.000 millones en concepto de regalías por derechos de autor a las sociedades de gestión del extranjero, informó ayer el abogado Ricardo Gavilán, director de Sociedades de Gestión Colectiva de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), quien se encuentra fiscalizando APA.

Investigado.  Alcides Roa (centro), uno de los directivos de APA suspendido y también imputado por la Fiscalía.

Investigado. Alcides Roa (centro), uno de los directivos de APA suspendido y también imputado por la Fiscalía.

Por esta situación, la institución paraguaya se expone a la quiebra, en caso de que sus pares del exterior la demanden por el monto adeudado.

“El último pago que se registró a las sociedades que representan al repertorio extranjero data del año 2012 (...). Toda la deuda acumulada desde el 2012 hasta la fecha es de G. 15.000 millones, unos USD 2,5 millones aproximadamente”, indicó Gavilán.

“Ese dinero tampoco existe físicamente en APA. Entonces, en caso de que efectivamente las sociedades extranjeras demanden o reclamen el cobro de esos montos, APA se encuentra hoy en día en un estado de quiebra técnica”, explicó el directivo de Dinapi.

Agregó que la supervivencia de APA y el modo de pago de las regalías dependerán de la buena voluntad de las sociedades extranjeras, en caso de cancelar la deuda en cuotas.

Por otro lado, recordó que la intervención judicial de APA, a cargo de Librado Sánchez, irá hasta el 27 de abril. “El proceso de fiscalización permanecerá durante todo el periodo que dure la intervención judicial”, señaló.

Asimismo, dijo que solicitará que la Fiscalía impute a más responsables por las irregularidades descubiertas en APA. A propósito, desde setiembre del año pasado son investigados Alcides Roa, presidente suspendido de la institución, y Luis Alberto Barrientos Alcorta, secretario general, también suspendido. Además, fueron imputados otros cinco funcionarios.

En diciembre pasado se imputó a Silvia Franco, contadora de la entidad, investigada justamente por “conducta conducente a la quiebra”, entre otros delitos.

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