“Si te traen un expediente donde una persona está presa por delitos comunes y no por delitos políticos no podés dictaminar a favor”, expresó Godoy en Monumental AM. Indicó que encontraron muchos casos de personas que estuvieron presas por delitos comunes que fueron indemnizadas a pedido del entonces defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges.
Godoy explicó que el proceso de indemnización debía pasar por unos pasos, como la evaluación de pruebas que se presentan ante el defensor, un dictamen de la Procuraduría que podría a ser a favor o en contra y el dictamen del abogado de la Defensoría. De ahí pasa a Hacienda para cobrarse.
Sostuvo que durante 15 años el Estado paraguayo pagó 120 millones de dólares por indemnizaciones a supuestas víctimas de la dictadura. Para la actual gestión de la Defensoría del Pueblo, el máximo responsable es Manuel Páez Monges.
De acuerdo con Godoy, la Fiscalía verá si hay otros responsables y qué grado de responsabilidad tienen. La denuncia solamente fue presentada contra Páez Monges, pero fue Enrique García cuando era procurador quien daba los dictámenes favorables.
