EFE
Con la decisión, Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, pierde beneficios que la ley dispone para ex mandatarios, como agentes de seguridad, transporte con conductor y asesorías, cuyo mantenimiento, según el juez Haroldo Nader, de la Justicia Federal de Campinas, lesionan el erario.
La cancelación de los beneficios a Lula fue solicitada en una acción popular presentada por Rubens Alberto Gatti Nunes, coordinador del Movimiento Brasil Libre (MBL).
El juez tomó la decisión por considerar que esos beneficios, costeados por el erario, no son necesarios ya que Lula está bajo custodia permanente del Estado y bajo protección de la Policía Federal.
“La permanencia de esos beneficios y, principalmente, su pago a costa de la Nación son actos perjudiciales al patrimonio público, pues es flagrante la inexistencia de los motivos”, puntualizó el juez en su decisión.
Para los abogados de Lula, los beneficios son, por ley, garantizados a todos los ex presidentes de la República, independientemente de que estén o no presos, según informó hoy la agencia de noticias del Estado.
“Recuerde, en este paso, que la legislación no estableció la libertad de los ex presidentes de la República como condición para el ejercicio de los derechos a ellos asegurados”, aseguró la defensa en el recurso, según la agencia estatal.
De acuerdo con los abogados, los asesores son fundamentales para que Lula pueda recibir y tener acceso a ítems, “como medicamentos, ropa y otros elementos necesarios para su dignidad y subsistencia”.
En el recurso, que fue protocolizado ante el Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (TRF3), la defensa también señaló que los asesores tienen la función de auxiliar a Lula, para realizar los pagos de cuentas y “providencias que se refieren al mantenimiento de su acervo, que integra el patrimonio cultural brasileño”.
Lula, recluido desde el pasado 7 de abril en una celda adecuada especialmente para él en la sede de la Policía Federal de Curitiba, sur de Brasil, fue condenado por corrupción a nueve años, pero esa pena fue ratificada y ampliada a 12 años por un tribunal de segunda instancia, que luego ordenó la ejecución de la pena, según la jurisprudencia en vigor en el país.
Las acusaciones se refieren a un apartamento que, de acuerdo con la Justicia, el expresidente recibió a modo de soborno de la vasta red de corrupción descubierta por la operación Lava Jato, que detectó multimillonarias irregularidades en la estatal Petrobras.
