Tras el desafuero dispuesto por la Cámara de Diputados, la jueza admitió la imputación por supuestos delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Es más, también le citó para el 27 de marzo, a las 8.30.
La defensa sostiene que la Fiscalía imputa al contralor por dos hechos punibles, pero existe un obstáculo legal para ser imputado, que es el artículo 225 de la Constitución.
Remarca que el presidente, el vicepresidente y el contralor solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño en sus funciones por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos.
Refiere que para ser imputado primero debía atravesar el juicio político. La Cámara de Diputados aprobó el juicio político, lo que no cuestionan. Pero apuntan que el segundo punto estableció el desafuero del contralor, pero este no tiene fueros como sí lo tienen los legisladores.
Afirma que la imputación admitida por la jueza es un procedimiento nulo, porque el contralor primero debe atravesar el juicio político. Es más, en el libelo acusatorio de Diputados admite que el fiscal cometió un error severo al pedir el desafuero cuando el contralor no tiene fueros. Por ello, piden anular todas las actuaciones realizadas.
Siguen las movilizaciones en la Contraloría
Varias personas, que se identificaron como funcionarios, entre amigos y parientes de los mismos, siguen manifestándose frente a la Contraloría General de la República (CGR) pidiendo la renuncia del contralor Enrique García. Los reclamantes se apostaron frente a la institución con una gran olla popular.
El lunes último se emitió un comunicado desde la institución en el que se afirmó que las personas que se manifiestan no son funcionarios. El ente contralor informó que estos manifestantes fueron traídos desde el barrio San Felipe y de la Chacarita, –según las informaciones recabadas– para manifestarse en las adyacencias del edificio, “poniendo en riesgo el normal funcionamiento y las actividades desarrolladas por este organismo superior de control”, señala el documento. Incluso denunciaron el hecho ante el Ministerio Público