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Opinión
viernes 20 de mayo de 2016, 01:00

Decisión

Por Wendy Marton – En TW @WendyMarton
Por Wendy Marton

El fin del Estado es buscar el bien de todos sus ciudadanos. Por esa razón, es inexplicable que siga siendo propietaria de Cañas Paraguayas SA (Capasa), una empresa productora de alcohol para beber, y más aún en un país que destina miles de millones de guaraníes a combatir accidentes de tránsito producto de conductores alcoholizados.

A través de una ley aprobada por el Congreso en junio del 2011, el Tesoro había ayudado con G. 12.000 millones (USD 2,1 millones) a Capasa, para que pueda adquirir insumos, con el fin de que siga produciendo caña. El dinero fue entregado en concepto de "aporte no reembolsable del Estado para la recuperación económica y capitalización de la citada empresa".

Según Capasa, entre los años 2014/2015 se inyectaron G. 14.000 millones (USD 2,5 millones) al sector cañero, lo cual benefició a 40.000 familias.

En contrapartida, de acuerdo con su presupuesto, la entidad destina G. 8.309 millones (USD 1,4 millones) a servicios personales para aproximadamente 200 empleados. De este total, lo correspondiente a salarios representa G. 5.040 millones, mientras que a dietas se destinan G. 1.153 millones, considerando que un director titular percibe en este concepto G. 16.977.752 por mes.

Además, con la marca Aristócrata tiene una participación de apenas 7% dentro del mercado nacional y con la marca Parapití una participación del 0,8%. Según un diagnóstico realizado a solicitud de la empresa alcoholera, si mejorara su sistema de distribución, Aristócrata podría llegar a tener el 10% de participación del mercado; en tanto que Parapití podría llegar a tener 5% del mercado, en ambos casos reduciendo precios.

El informe revela que el consumo de Aristócrata en el segmento joven está decayendo, debido a que se prefiere otro tipo de bebidas. Y mientras sus directivos siguen sin encontrar la fórmula para elevar las ventas, las razones para que deje de seguir siendo estatal se acrecientan.

Si bien el argumento esgrimido por el Poder Ejecutivo para no deshacerse de esta empresa es que tiene un componente social muy importante, no solo por la cantidad de trabajadores que dependen directamente de ella, sino por los productores de caña de azúcar que proveen a esta institución, se deberían buscar otros mecanismos para colocar la producción del sector cañero.

El Estado no puede seguir siendo propietario de una empresa que produce alcohol para beber, pues esto no aporta ningún beneficio a la sociedad. Por ello, debería analizar seriamente vender esta empresa, y buscar las fórmulas para no desatender al sector cañero.