Al margen de las diversas posturas que existen a nivel internacional sobre las ventajas o desventajas de una eventual liberación de la producción y el consumo de la marihuana, como estrategia para enfrentar al narcotráfico, cada vez en más países se recurre a productos extraídos de la planta cannabis para uso medicinal, a raíz de nuevos estudios científicos, y el Paraguay no permanece ajeno a este fenómeno.
Recientemente, ante la necesidad de realizar tratamientos con aceite de marihuana en un paciente de epilepsia refractaria, el Gobierno paraguayo ha debido conceder autorizaciones especiales para la importación del aceite de cáñamo con cannabidiol (CBD), conocido por su denominación de Real Scientific Hemp Oil (RSHO), desarrollado por una empresa medicinal de Estados Unidos.
Debido a que los medicamentos derivados de la marihuana no figuran aún en los registros del Ministerio de Salud de nuestro país, cada compra desde el exterior se debe realizar con una autorización especial del Gobierno.
La situación paradójica, que inspiró muchas burlas en las redes sociales e internet y a nivel popular, es que el Paraguay deba importar productos medicinales de marihuana cuando es sabido que este país es el principal productor en toda América del Sur de esta planta catalogada como droga ilegal y prohibida.
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (Cicad-OEA) sostiene que en Paraguay se cultivan unas 6.000 hectáreas de marihuana, que producen 5.900 toneladas, conformando cerca del 60% de lo que se produce a nivel regional.
Mientras siga el debate sobre la mejor estrategia para combatir al narcotráfico, se impone sin embargo sincerar la cuestión legal sobre el uso medicinal de la marihuana en el país. La Convención Única sobre Estupefacientes, del cual el Paraguay es signatario, señala claramente que se prohíbe la producción y posesión de la marihuana “excepto para fines médicos y científicos”.
Ante esta situación, habría que incluir a los productos medicinales derivados de la marihuana en los registros del Ministerio de Salud y quizás plantear métodos controlados de producción local de estos productos, para evitar tener que importarlos. Sería tonto que el país no pueda beneficiarse de los adelantos médicos y científicos de una planta que abunda localmente, siempre que se realicen las adecuadas adaptaciones legales para que ello sea posible. La cuestión plantea un lindo desafío a nuestros legisladores y expertos.
