En un país ideal, en donde las instituciones de veras funcionaran, si yo supiera que altas autoridades, políticos y agentes de Justicia están cometiendo graves delitos de corrupción y tráfico de influencias, y la manera de probarlo fuese grabando sus conversaciones, acudiría a la Fiscalía y, probablemente, ella obtendría la autorización de un juez para montar un operativo y atraparlos en flagrancia.
Pero sé que vivo en el Paraguay y me podría ocurrir lo que según el general Herminio Piñánez le ocurrió a su hijo, el capitán Henrique Piñánez, quien al ver el grado de corrupción en que se movían la Fuerza de Tarea Conjunta en la región Norte, confió en revelar lo que sabía a un agente fiscal, pero luego se dio cuenta de que el fiscal lo delató ante los jefes corruptos a quienes había acusado, y acabó metido en un confuso operativo con explosivos que le costó la vida en noviembre del 2014, en Cuero Fresco, Concepción, asesinato que hasta ahora sigue impune.
O me podría ocurrir lo que el colega Augusto Barreto cuenta le ocurrió a una amiga suya, tras denunciar ante el entonces ministro del Interior, Carmelo Caballero, un caso de extorsión del que ella estaba siendo víctima por parte de policías antidrogas. En lugar de investigar el caso, el ministro alertó a los policías extorsionadores sobre la denuncia, quienes la amenazaron aún más, al punto de que ella tuvo que irse asustada del país.
Así que no, amigas y amigos. Discúlpenme, pero mientras esto no cambie mínimamente, no voy a confiar ni en esta Fiscalía ni en esta Justicia –salvo casos excepcionales de unos pocos fiscales y jueces, a quienes conozco– y como periodista seguiré apoyando el trabajo de quienes utilizan el material filtrado por anónimos hackers que actuaron ilegalmente, grabando conversaciones privadas, pero que con los audios revelados le están haciendo más bien a la sociedad paraguaya que muchas instituciones que deberían perseguir a los grandes sinvergüenzas, pero no lo hacen, porque quizás acabarían descubriéndose a sí mismos.
Creo en la Justicia, más que en la legalidad de fachada, que aquí es usada para proteger a los bandidos. Con esa convicción, el jueves compartí un posteo en Twitter, en respuesta a los abogados que apelan a la presunta ilegalidad de los audios para tratar de salvar a los corruptos de ir a la cárcel, comentando que quienes tienen problemas con el espionaje son justamente los que tienen algo que ocultar.
Probablemente no fui claro y me cayó una andanada de críticas, acusándome de tener un “pensamiento stronista”, defender el pyraguereato y hasta ser émulo de Hitler. De periodista libertario a stronista en menos de un minuto.
Sé que hay lectores y lectoras para quienes sí valen casi cuarenta años de trayectoria periodística. A ellos y a ellas no necesito aclararles que no defiendo el espionaje, pero que sí les agradezco a estos anónimos espías, por permitirnos ver un poco de justicia.