Nueve adultos mbya, en realidad eso parecen, porque ni siquiera tienen cédula de identidad, están guardando reclusión desde principios de la semana pasada en la Unidad Policial de Trata de Personas, acusados por trata de personas con fines de explotación sexual de niñas y adolescentes también indígenas en el Casco Histórico del centro asunceno. Un juez dispuso que estuvieran allí por 20 días, plazo en el cual “serán evaluados”.
El mismo magistrado reconoció que se trata de personas en total abandono, en extrema pobreza y “vulnerables a cualquier hecho punible”. Es decir, están tan, pero tan maltratados a su corta edad –la mayoría son adolescentes y jóvenes– que han perdido dignidad, son adictos y sin ninguna perspectiva de mejorar su estado, por consiguiente, naturalizan el sometimiento a los más pequeños del grupo.
Sobre ellos caerá todo el peso de la ley. Para la ciudadanía son los únicos malos de la película, por aquello de que la pobreza no justifica lo que andaban haciendo.
No importa qué historias arrastran ni por qué viven en las calles de la capital de la República, ni qué hechos les empujaron a abandonar sus comunidades y venir a convertirse en proxenetas y adictos de drogas baratas.
Basta ver el estado deplorable en que se encuentran para deducir fácilmente que son también víctimas de una serie de injusticias y ausencias del Estado que los convirtieron en desechos humanos.
Encerrarlos es todo como pretenden abordar un problema social tan profundo. Por eso cabe preguntarse: ¿en qué cárceles hallarán espacio para encerrar a estos indígenas y a los muchos más que están en la misma situación, y a los que seguirán viniendo del campo porque en sus tierras se mueren de hambre y a la larga están dispuestos a hacer lo que fuere para conseguir droga?
Hasta ahora la única respuesta efectiva que ofrece el Estado es penalizar la pobreza y encerrar a todos estos seres famélicos, y con casi nula expectativa de vida. Qué oportunidad de readaptación social se les ofrecerá a estos seres humanos que no han conocido más que los sinsabores de la violencia estructural, y que han caído tan abajo, que someten a los más débiles de su grupo.
Entretanto, siguen impunes los hombres degenerados que por 30.000 guaraníes se acercaban en sus automóviles a buscar a algún niño o niña para utilizarlos sexualmente “por una hora”. Allí, cerca de la vetusta Armada Nacional y la derruida ex fábrica de cerveza, en un área abandonada de la ciudad, convertida en improvisado prostíbulo.
Cuán implacables están dispuestas a ser las autoridades con estos y con los microtraficantes de drogas que venden bolitas de crac a estos compatriotas vulnerables y hambrientos que vienen a Asunción buscando alguna chance. Aquí, donde acceden más fácilmente al crac que a un pedazo de pan.
La misma fuerza con que se condena a los 9 aprendices de proxenetas, se debería dar con los inoperantes, insensibles, corruptos e inhumanos funcionarios de las instituciones del Estado que permiten el exterminio de los indígenas.
