En declaraciones a Folha de Sao Paulo, uno de los medios más influyentes del vecino país, Dr. Rosinha admite que Brasil podría sufrir la sanción de parte del Mercosur, en el caso de que se lleve adelante el proceso en el que se saque del poder a Dilma.
“Se está diseñando una ruptura del orden institucional y de la Constitución en Brasil, y eso preocupa a todos los demás países miembros del Mercosur”, afirmó el representante, en referencia a los gobierno de Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela.
Entre las medidas que pueden ser aplicadas, están la suspensión de algunos derechos hasta la exclusión temporaria del país del bloque regional. La cláusula ya fue aplicada en 2012, cuando el bloque suspendió a Paraguay en represalia al proceso de destitución del entonces presidente paraguayo Fernando Lugo, considerado por muchos sectores como un golpe de Estado.
Rosinha resaltó que la decisión cabe a los jefes de Estado integrantes del Mercosur y depende de la aprobación por consenso. El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998, determina “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para la integración entre los Estados-partes” y prevé sanciones contra los países donde exista “ruptura del orden democrático”.
El funcionario explicó que su posición la expresa como ciudadano y como entendido de los procesos comunitarios, y no como máxima autoridad del Mercosur. Afirmó que las crisis políticas y económicas en el Brasil y en Venezuela son orquestadas por los Estados Unidos con el fin de desestabilizar a la región.
