En la misma acción, los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac, a más del camarista Carlos Escobar, también dispusieron la suspensión de los efectos de la resolución del Cones, mientras se estudia el fondo de la cuestión. Ahora, deberá correrse vista al Fiscal General del Estado sobre la acción.
El diputado liberal Víctor Ríos, en su carácter de rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y diputado por el Departamento de Ñeembucú, promovió una acción de inconstitucionalidad contra el inciso ñ del artículo 9º de la Ley 4995, de Educación Superior, y la Resolución Nº 191/2015, del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), del 26 de noviembre de 2015.
En el escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia se manifiesta que dichas normas lesionan derechos particulares concretos, ya que afectan la competencia de las universidades de reglar su régimen de funcionamiento interno, consagrado por la autonomía universitaria.
La citada resolución establece en el artículo 1º de su parte resolutiva que, conforme con lo previsto en el inciso ñ del artículo 9 de la Ley Nº 4995 “De Educación Superior”, no podrán ser electos, designados, nombrados o ejercer el cargo de rector de universidades –públicas o privadas– y de otras entidades sujetas a la Ley de Educación Superior mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones los miembros titulares de las Cámaras de Senadores y Diputados, los miembros de la Corte Suprema de Justicia y magistrados judiciales, etc.
Según la planilla del Ministerio de Hacienda, el diputado Víctor Ríos, del PLRA, tiene presupuestado G. 816 millones en total para todo el 2016, en concepto de cuatro salarios, una dieta, un gasto de representación y dos bonificaciones.
El legislador en total cobra mensualmente más de G. 68 millones entre salarios, gastos de representación y bonificaciones en ambos casos.
Percibe G. 3.168.000 en concepto de gastos de representación en la Cámara de Diputados; G. 29.606.840 por integrar la Cámara Baja; G. 9.240.000 por ocupar el cargo de investigador especializado en la Universidad Nacional de Pilar y G. 1.273.734 por ejercer la docencia en la alta casa de estudios.
A la vez, G. 1.273.734 por estar al frente de una segunda cátedra en la UNP, G. 7.623.000 por el cargo de rector, G. 1.000.000 en concepto de bonificación por título, G. 9.862.650 por ser miembro del Consejo Superior Universitario y G. 13.861.080 de bonificación por responsabilidad
Con los fallos de la Corte, la resolución del Cones no tendrá vigencia mientras dure el estudio de la acción, que incluso puede ser rechazada.
