Nunca serán suficientes las denuncias que se hagan sobre lo extraña, lo irregular, lo contraria a la lógica y al sentido común que es, y sobre lo lejos que está del Derecho, la actuación de los fiscales que llevan los casos surgidos de los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pues los mismos reinciden machaconamente en ellas como si por repetirlas podrían ser aceptadas.
La primera cosa que define esta actuación fiscal es la selectividad. Carmelo Caballero, por ejemplo, está imputado por tráfico de influencias, pero uno de sus mandantes, beneficiario de ese tráfico, José Ortiz, gerente de Horacio Cartes, no está convocado ni a una declaración informativa siquiera.
Raúl Fernández Lippmann está imputado por enriquecimiento ilícito por cuentas y propiedades que según los medios estarían cerca de los cien mil dólares, pero Javier Díaz Verón se enorgullece de tener hacienda por mil millones sin que tal declaración preocupe a la fiscala que supuestamente lo investiga.
La actuación fiscal se caracteriza además por postergar la investigación de todos los hechos subsumibles a las tipificaciones del Código Penal, limitándose a los que, en general, generan las puniciones más benignas.
Y también se puede observar que la actuación fiscal no está procurando, con el sentido de emergencia que la situación requiere, contrarrestar los argumentos de las defensas de los involucrados con la recolección de elementos distintos a los inicialmente presentados para asegurarse alternativas procesales como haría cualquier abogado medianamente competente.
Hace unos meses, antes del asalto de Horacio Cartes contra nuestra Constitución, tal vez hubieran podido estos fiscales hacernos creer lo que antes nos hacían creer siempre: Que su actuación era la mejor posible y que las eventuales derrotas ante tribunales se debían a las veleidades de los jueces.
Hoy, después de la impunidad que el fiscal Francisco Torres garantizó a Pedro Alliana y a sus cómplices en el falsificatón, después de la impunidad que la fiscala Raquel Fernández trata de asegurar para Horacio Cartes y José Ortiz en el caso del asesinato de Rodrigo Quintana, estos fiscales ya no logran mentirle a nadie. Tal vez a sí mismos sobre su capacidad de seguir mintiéndole al pueblo paraguayo como hicieron siempre, pero a nadie más.
Estos sinvergüenzas ya no pueden engañar a nadie. Su capacidad de mentir acabó, justamente gracias a los audios que ahora están obligados a considerar.
Lo que estos fiscales están preparando en el caso de los audios de González, y en todos los demás casos, es la impunidad de sus mandantes reales, así como Torres y Fernández garantizan la impunidad de Alliana y Ortiz, del mismo modo, con los mismos procedimientos.
Todo el trabajo que hacen, todas las horas que piensan, todo el esfuerzo que dedican desde la maquinaria repugnante del Ministerio Público se dirige a construir la impunidad de quienes convirtieron al sistema judicial en lo que revelan los audios publicados.
De nosotros, el pueblo, depende que estos sinvergüenzas, que seguramente cantan como canta Aldo Cantero, el fiscal que imputó sin evidencias a cuatro militantes liberales por saber cantar, no arropen con la impunidad a la más repugnante rosca corrupta que haya asolado a nuestra República en toda su historia.