EFE
El parlamento, dominado ampliamente por la oposición, en la que el fujimorismo es mayoría absoluta, aceptó la moción de vacancia (destitución) de Kuczynski presentada por el Frente Amplio de izquierdas por 93 votos a favor, frente a 17 votos en contra.
Los promotores de la destitución defendieron que Kuczynski está desacreditado para continuar gobernando por “faltar a la verdad” al negar en repetidas ocasiones cualquier nexo con Odebrecht, compañía que esta semana reveló haber pagado más de 782.000 dólares en consultorías entre 2004 y 2007 a Westield Capital, empresa del mismo Kuczynski.
En ese período, el actual mandatario de Perú se desempeñaba como ministro de Economía y luego primer ministro del Gobierno del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura internacional por supuestamente haber recibido sobornos por valor de 20 millones de dólares de Odebrecht.
Al inicio del debate, el congresista Kenji Fujimori, hijo del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, pidió al resto de sus compañeros respetar la presunción de inocencia de Kuczynski y argumentó la experiencia vivida con su padre.
El hijo menor de Fujimori volvió a manifestar una posición disonante a la del resto de los setenta congresistas de su grupo parlamentario, cuyos voceros amenazaron este jueves a Kuczynski con destituirlo si no renuncia inmediatamente.
Otros legisladores expresaron su descontento por el mensaje a la nación brindado el mismo jueves por Kuczynski en el que rechazó las acusaciones y enfatizó que no abdicará porque no se va a dejar amedrentar por sus opositores.
Por su parte, el portavoz de la bancada oficialista de Peruanos Por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, acusó a la oposición de forzar un “juicio político” donde se pretende destituir al presidente “de una manera abusiva”.
El congresista Alberto De Belaunde, también de PPK, reconoció que Kuczynski debe al país una profunda y detallada explicación en el parlamento, pero lamentó que el Congreso actúe de una manera tan precipitada en la que “no se están respetando los derechos fundamentales ni las garantías mínimas”.
Las asesorías brindadas por la consultora de Kuczynski salieron a la luz por un documento de la empresa brasileña remitido a la comisión parlamentaria que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil.
El presidente se había negado en repetidas ocasiones a comparecer en esa comisión por considerarla un “circo”, hasta que aparecieron los pagos de Odebrecht a su empresa.
El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, afecta a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de los principales candidatos.
Fruto de las investigaciones, los predecesores de Kuczynski también están inmersos en sospechas, como Toledo, con orden de captura internacional por supuestos sobornos de 20 millones de dólares; Alan García, investigado por dádivas en el Metro de Lima; y Ollanta Humala, en la cárcel por presunta financiación irregular de sus campañas
