Por unanimidad, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Gustavo Santander y Héctor Capurro dictó el fallo, según informó la periodista de ÚLTIMA HORA, Marcia Martínez.
Los magistrados se allanaron al pedido realizado por el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Martín Cabrera, quien había solicitado cuatro años de prisión para la funcionaria dependiente del Ministerio de Salud Pública.
El caso se inició a finales del 2011 cuando Gloria Giménez remitió un memorándum al entonces director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Carlos Daniel Torres, en el que informó que había “stock cero” de determinadas vacunas biológicas. Según el Ministerio Público, esta situación no correspondía a la realidad ya que estos lotes de biológicos fueron posteriormente encontrados vencidos.
Los datos apuntan a que a raíz de este informe el director del PAI ordenó la compra de aquellas vacunas que supuestamente ya no tenía el Centro Nacional de Vacunas.
En agosto del 2012, ya durante el gobierno de Federico Franco, funcionarios de Vigilancia Sanitaria inspeccionaron un depósito lacrado y tapado con cajas vacías en el Centro Nacional. En el lugar fueron hallados 17 tipos de biológicos vencidos, algunos de ellos de un lote adquirido por el Estado en octubre del 2009.
El caso posteriormente fue denunciado por el asesor jurídico del Ministerio, Héctor María Benítez Aquino. La denuncia motivó luego el proceso a Giménez por los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y lesión de confianza.
La acusación de la Fiscalía señala que Giménez permitió el vencimiento de las vacunas y la compra innecesaria de más lotes. Esto generó un daño de USD 355.161 (G. 1.595.228.712 según el cambio en ese momento), de acuerdo a los precios de las vacunas remitidos al Ministerio Público por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.