A través de una nota presentada al Ministerio del Interior, la organización pide a las autoridades retirar las guardias privadas policiales a políticos y empresarios, y que las mismas sean empleadas para combatir la creciente delincuencia.
Requieren igualmente “el cese inmediato de prácticas corruptas de cobro por no cumplir funciones asignadas” y “el cese de las barreras ilegales en connivencia con la Policía Municipal de Tránsito”.
También piden sincerar los recursos humanos de la Policía y el presupuesto que manejan las fuerzas del orden y, por último, abrir investigaciones serias por hechos de corrupción.
El departamento Central es una de las zonas del país que más siente los efectos de la inseguridad y delincuencia, según los registros oficiales.
