EFE
La iniciativa llega a instancias de Francia y con el apoyo de las principales economías -Alemania, España, Italia o el Reino Unido, entre otros-, que pidieron medidas urgentes para acabar con las lagunas en la legislación actual, que permiten que mientras las empresas tradicionales pagan de media un 23,2 % de impuesto de sociedades, las digitales abonen solo un 9,5%.
El impuesto que plantea Bruselas afectaría solo a las empresas que facturen al año más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE con el fin de restringirlo a las grande compañías y aquellas con presencia significativa en el bloque comunitario.
El objetivo es gravar los ingresos -en lugar de los beneficios, como es tradicional- de aquellas actividades digitales que más escapan a los impuestos, que son las que dependen en mayor medida de la participación de los usuarios.
Así, se aplicaría a la facturación por la venta de espacio publicitario o de los datos de usuarios recogidos por empresas como redes sociales o motores de búsqueda, y por la prestación de servicios de intermediación, como los de alquiler o venta entre particulares.
La Comisión calcula que los Estados podrían ingresar unos 5.000 millones de euros al año gracias a esta tasa.
El Ejecutivo comunitario pone este impuesto sobre la mesa como solución “provisional” para evitar que los Estados miembros legislen de forma unilateral mientras se alcanza una solución global.
“Preferiríamos reglas acordadas a nivel global, incluyendo en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Pero el nivel de beneficios que actualmente se quedan sin gravar es inaceptable. Necesitamos urgentemente llevar nuestras normas fiscales al siglo XXI”, dijo en un comunicado el vicepresidente de la CE Valdis Dombrovskis.
Como solución a largo plazo, el Bruselas propone modificar las leyes sobre el impuesto de sociedades de forma que tengan en cuenta, no solo la presencia física, como ocurre actualmente, sino la presencia digital y la creación de valor para determinar dónde y cuánto debe gravarse.
Se considerará que las empresas tienen “presencia digital” en un país cuando tengan más de 7 millones de euros de facturación anual en el mismo, cuenten con más de 100.000 usuarios al año o firme más de 3.000 contratos para proveer servicios digitales a empresas en un año.
Las medidas afectarían a los grandes del sector como las firmas estadounidenses Amazon, Facebook, Apple, Google o Netflix y otros menos célebres, pero la Comisión insiste en que no están diseñadas para afectar sólo a los gigantes de Estados Unidos.
La medida se abordará mañana en la cumbre de líderes de la UE y su aprobación requiere la unanimidad de los Veintiocho, algo que se antoja difícil de conseguir puesto que países como Irlanda o Luxemburgo se oponen tradicionalmente a iniciativas comunitarias fiscales.
