Un alto índice de corrupción policial de Canindeyú, falta de voluntad política del fiscal general, así como de autoridades de la zona, forman parte de la conclusión de la Comisión Bicameral que investiga el crimen del periodista Pablo Medina y Antonia Almada.
El titular de dicha comisión, el senador colorado Arnoldo Wiens, presentó a sus colegas en la sesión de ayer un informe preliminar y pidió 45 días más para seguir las investigaciones.
En el punto que hace referencia a la clase política, se trajo a colación las entrevistas con la diputada colorada Cristina Villalba; el gobernador Alfonso Noria y el intendente Emigdio Morel.
“Nos muestran a carta cabal la forma en que muchas autoridades de la región tratan este tema del narcotráfico: no saben nada, no ven nada, no se involucran en nada, no se interesan, no denuncian”, se refiere en el documento.
La comisión deduce que las mismas autoridades llegan a una especie de sobrevivencia en la región, en el sentido de no inmiscuirse para no estar presionados, como tampoco se puede descartar que estén siendo apoyados por los narcotraficantes que operan en el departamento. “Llama poderosamente la atención que tanto la diputada Villalba, como el gobernador Noria han manifestado a esta comisión que nunca han visto plantación de marihuana en su departamento, cosa que está a la vista de cualquier visitante casual al entrar en algún camino vecinal o chacra”, se indica en la conclusión.
“Los mismos han optado por manifestar a esta comisión que supuestamente están en total desconocimiento del tema, que sencillamente se dicen muchas cosas respecto al narcotráfico en Canindeyú, sin pruebas, para perjudicarles políticamente”, se refiere.
“De esta manera, se presentan como víctimas en lugar de ser los principales promotores y propulsores en la lucha contra el narcotráfico en la región”, se concluye.
corrupción policial. En su informe, la comisión deja constancia que existe un alto índice de corrupción policial en Canindeyú, desde los más encumbrados hasta los últimos en la cadena de mando.
Se indica que esta situación “hace que los narcotraficantes gocen de la vista gorda, protección y hasta complicidad de varios efectivos policiales, lo cual dificulta muchísimo el combate contra este flagelo”.
También se acusa al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, por “la falta de verdadera voluntad política” por no crear una unidad especializada que investigue el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero.
“Consideramos que este es un tema de transversal importancia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, puesto que sin esta unidad va a ser más difícil llegar a los grandes operadores y financistas del crimen organizado”, se sostiene.
En cuanto a la Senad, se indica que no escapa a la corrupción interna.
Además de Wiens, integran la comisión, los senadores Luis Alberto Wagner y Miguel López Perito; y los diputados Tomás Rivas, Pablino Rodríguez y Olimpio Rojas.
