Reuters
Las negociaciones establecían que todos los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) debían entregar sus armas a más tardar el 30 de mayo, pero debido a demoras de tipo logístico, el presidente Juan Manuel Santos dijo que se acordó con el grupo y Naciones Unidas que el proceso culmine dentro de 20 días.
“Este cambio en la fecha no afecta de modo alguno la firme decisión y el claro compromiso del Gobierno y de las FARC para cumplir con el acuerdo”, precisó Santos en una alocución. “El Mecanismo de Monitoreo y Verificación Internacional seguirá ejerciendo su papel hasta certificar que la última arma de las FARC ha sido entregada y retirada del territorio nacional”.
Adicionalmente, las partes decidieron prolongar por dos meses y hasta el 1 de agosto la vigencia de las zonas en las que están concentrados los guerrilleros antes de que sean reincorporados a la vida civil.
Casi 7.000 rebeldes han estado viviendo en los campamentos desde el comienzo del año. Algunos comandantes serán procesados en tribunales especiales por crímenes de guerra, pero la mayoría de los combatientes recibirá amnistía y apoyo gubernamental para la reinserción.
Santos expidió durante el fin de semana varios decretos para agilizar la implementación de los acuerdos con las FARC dirigidos al desarrollo del campo, antes de que venzan las facultades especiales otorgadas por el Congreso para implementar el pacto firmado en noviembre.
Además, Santos pidió al Congreso que prorrogue por seis meses el Procedimiento Legislativo Especial para la paz, que le da facultades especiales y le permite enviar al legislativo normas reduciendo el tiempo de los trámites, en momentos en que los antiguos guerrilleros de las FARC avanzan en el abandono de las armas y la conformación de un partido político.
A comienzos de este mes, la Corte Constitucional anuló dos disposiciones destinadas a acelerar la aprobación de las leyes vinculadas al acuerdo, lo que las FARC calificaron como una amenaza para el proceso ya que probablemente extenderá el debate en el Congreso sobre las leyes pendientes.
No obstante, la coalición de Santos tiene una mayoría en el congreso, lo que aseguraría la aprobación de la legislación.
