Se trata de un plan de redefinición de los conornos de las iglesias como “zonas típicas”, una nomenclatura que “considerará la protección del entorno del inmueble y no sólo el inmueble en sí”, explicó en entrevista con Efe, dijo hoy el secretario de Monumentos Nacionales José de Nordenflycht.
De esta manera, se quiere preservar la identidad de las iglesias de la presión de la modernidad y el desarrollo urbanístico de las zonas urbanas de Chiloé.
La preocupación deriva de la construcción, iniciada en 2012, del Mall Paseo Chiloé, una gigantesca superficie comercial de seis pisos en la capital del archipiélago, cerca de la iglesia San Francisco, un templo del siglo XVI que ahora queda a la sombra del moderno edificio.
Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) realizado en 2013, el flamante edificio, ubicado a cuatro cuadras de la icónica iglesia, causa “un impacto negativo” sobre el edificio de “valor universal excepcional”.
Por lo que, para este organismo de Naciones Unidas, si no mejora la situación en 2015 “se podría considerar la posible inscripción del bien (iglesia de San Francisco) en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro”.
El centro comercial, aún no estrenado, se erige sobre la ciudad con una extensión de 29.000 cuadrados y seis pisos de altura, una altitud que deja a la Iglesia en un segundo plano.
La construcción originó distintas polémicas a raíz de las irregularidades detectadas y las decenas de denuncias, que obligaron a rebajar el número de pisos del inmueble y revestirlo con madera.
La edificación, sin embargo, contó con el beneplácito de la población, que expresó su conformidad con el levantamiento en una encuesta pública que reveló que el 94 % de los habitantes estaba a favor de la construcción de la gran superficie.
Ante este precedente, el secretario de Monumentos Nacionales expresó su “gran preocupación por el futuro de las otras quince iglesias” y puntualizó que la nueva ley, que se presentará al Parlamento entre 2016 y 2017, quiere “garantizar que no se afecten las zonas contiguas”, tal y como ha sucedido en el caso de Castro.
“En una isla es muy probable que no vaya a haber otra superficie comercial o infraestructura de ese estilo, pero sí, por ejemplo, actividades extractivas como la (industria) salmonera, que desde el mar pueden generar contaminación visual o sobre los entornos de las iglesias”, señaló.
Las dimensiones de estas “zonas típicas” dependerán, según el secretario, de las “características específicas” de cada isla, por lo que no estarán estandarizadas.
Este plan de contingencia quiere evitar “una situación como la que se produjo en Castro” y solventar la falta de una regulación que considere una zona extensa en torno a los bienes declarados patrimonio de la humanidad, coyuntura que permitió la construcción del polémico centro comercial de Castro.
Precisamente, en relación con la cuestión de Castro se está “trabajando junto al Ministerio de Vivienda y la municipalidad de esa ciudad para establecer un plan regulador comunal que tenga un componente que considere el patrimonio”, afirmó el secretario.
Este documento “no va a ser retroactivo”, precisa De Nordenflycht, por lo que no solucionará la situación de la iglesia de San Francisco, de Castro.
Pero sí evitará el eventual impacto de “otros emprendimientos que pudieran generar incluso mayores afectaciones que las que hoy día provoca el centro comercial de la capital de Chiloé”, asegura.
Júlia Talarn Rabascall
