“Es una persecución política. Los fundamentos, la imputación, todo se basa en una ley ya derogada, algo ilegal de la fiscala Analía Rodríguez. Supuestamente es un caso de coacción grave, pero son manos negras que tratan de perjudicarlos”, dijo el abogado.
Al llegar a la cárcel con sus clientes, López indicó a la prensa que la detención de los abogados se puede ver como una “persecución sistemática de muchos fiscales de Ciudad del Este contra ellos”, según informes del corresponsal de ÚH, Édgar Medina.
Indicó que esto se inició luego de que Celso Miranda fuera escogido como concejal y, ante una necesidad de manifestarse, realizara denuncias contra la administración de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías y del gobernador Justo Zacarías.
Proceso ilegal
El defensor de Cubas y los demás imputados dijo, por otro lado, que en ningún momento sus defendidos impidieron que la fiscala Rodríguez ejerciera sus funciones.
Por este motivo, calificó al proceso como ilegal. “No hubo violación del fuero. El fuero es algo que le faculta al juez a ejercer su función dentro del marco legal. Cuando ellos fueron a pintar hicieron referencia a la reputación de las personas”, refirió.
Añadió que si la fiscala hubiese actuado bajo las normas de la ley, hubiese demandado a los involucrados por difamación y calumnia.
“En ningún momento le impidieron el ingreso a la fiscala o a ejercer la profesión de fiscala. En ese caso sí podríamos hablar de que se viola el fuero de una fiscala”, reiteró.
Señaló que si se hubiera dado lugar a la demanda por difamación, se les hubiese abierto a los abogados la posibilidad de demostrar que las fiscalas son corruptas.
“Según ellos, tienen la documentación que demuestra que realmente roban mucha plata dentro de la Fiscalía en el ejercicio de su profesión”, comentó.
Adelantó que durante la próxima semana se presentará una denuncia formal contra la fiscala por mal desempeño de sus funciones y también por comisión de delitos.
El concejal Celso Miranda y los abogados Paraguayo Cubas y Jorge Brítez fueron imputados por haber realizado grafitis en la sede del Ministerio Público de Alto Paraná.
En la tarde de este jueves se les revocó la libertad ambulatoria y fueron declarados como “rebeldes”, según un documento del juez penal de garantías Amílcar Mareco.
También recibieron una orden de captura tras no presentarse ante el Juzgado para aceptar las medidas establecidas.
En las últimas horas de este jueves los tres se entregaron voluntariamente ante agentes de la Policía y luego fueron trasladados a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
