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La seguidilla de casos de sacerdotes acusados por pedofilia sacude a la Iglesia paraguaya. Para las máximas autoridades eclesiásticas, cada insospechado escándalo que sale a luz constituye –además de un golpe bajo– una acción pedagógica al interior de la curia.
Esto al menos reconoce el vicario general de la arquidiócesis de Asunción, el padre Óscar González. Cada vez que él escucha o recibe una denuncia de abuso sexual “lo tomo –dice– como un golpe"; pero también como “algo necesario antes de que esté oculto y vuelva a reiterarse”.
“Por eso estamos trabajando en ese sentido en los seminarios con los sacerdotes, porque tenemos una responsabilidad grande”, asevera el vicario que se desempeña a su vez como vocero del Arzobispado capitalino.
En ocasiones, a González le toca formar parte del tribunal canónico que investiga las denuncias contra clérigos sobre abuso sexual. “Desde un principio se presume la inocencia del religioso implicado en un hecho de supuesto abuso sexual de menores”, explica, al indicar que la Iglesia está aprendiendo a comunicar estos tipos de episodios a la Justicia.
Sobre eso, admite que –tras la presentación errónea ante la Corte Suprema de Justicia de los antecedentes de un caso de presunta pedofilia– ahora ya saben que todo informe presentado al fuero judicial civil es tomado automáticamente como denuncia.
“La información que presenta el obispo, sin ánimo de denunciar, había sido que en el ámbito jurídico constituye una denuncia”, refirió sobre la carta que el arzobispo Edmundo Valenzuela envió a la ministra Alicia Pucheta acerca del caso que involucra al padre Gumercindo Caputo. “Estamos tomando todos estos hechos como hechos educativos, tenemos que mirar para adelante y ayudarnos”, completa.
ACTUACIÓN. González explica que a cada persona que se acerca a la Iglesia y “habla de un hecho grave”, como un acto de pedofilia, “le pedimos que presente un escrito firmado"; de modo que “se hace responsable ante nosotros” de su denuncia.
“Pero ahora también estoy aprendiendo que si alguien denuncia verbalmente nomás, igual tengo que tomar nota porque así lo hace la Fiscalía”, refiere el sacerdote.
“Tengo que recibir esa denuncia y recomiendo que, si es un menor, sus padres vayan a la Fiscalía y cada uno dentro de su libertad decida ir o no ir. Y nosotros, por nuestra parte, acompañamos esa denuncia en el ámbito canónico”, dice.
“Estamos obligados –apunta– ante la ley a recurrir al Ministerio Público”, que a su vez debe “otorgar la garantía de privacidad” y protección a la intimidad de los involucrados.
