EFE
El allanamiento al Edificio Libertad, en busca de información que ayude a avanzar en la causa, se produce por orden del juez Sergio Torres, que encabeza un expediente abierto tras la denuncia de la diputada oficialista Elisa “Lilita” Carrió por supuesta “asociación ilícita” en la reparación de la flota naval.
La denuncia, realizada el pasado viernes, apunta a cuatro altos cargos de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) y a algunas autoridades de la Armada por “irregularidades” a la hora de reparar flota de mar y submarinos, entre ellos el desaparecido ARA San Juan.
La diputada denunció posibles “actos en oportunidad del ejercicio de sus funciones” tales como “administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales y peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros”, expuso en la denuncia.
Los acusados son los exministros de Defensa Nilda Garré (2005-2010), Arturo Puricelli (2010-2013) y Agustín Rossi (2013-2015) y el ex jefe de Gabinete de Asesores de la cartera de Defensa Raúl Garré.
Entre las autoridades de la Armada que pidió investigar se encuentran representantes del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar), formado por la integración de los astilleros Tandanor y Almirante Storni y por las autoridades de la Armada del país austral.
El submarino de la Armada ARA San Juan desapareció el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo en el océano Atlántico Sur por causas todavía desconocidas.
Actualmente, diversos buques de varios países siguen buscando, a unos 400 kilómetros de la costa argentina, el submarino militar.
Este área fue delimitada en torno a una zona del océano en la que varias agencias internacionales registraron que había habido una explosión horas después de desaparecer el buque, cerca de donde se perdió su pista.
