El jefe de Estado no es un ciudadano cualquiera. Todo lo que dice posee peso gravitante y repercute con fuerza en la opinión pública. Por lo tanto, no puede tomarse la libertad de hacer afirmaciones alegremente sin que sus palabras cuenten con el respaldo de evidencias que está obligado a mostrar.
El presidente Cartes trató de ladrones y sinvergüenzas a los empresarios que a la noche usan cuellito blanco y de día roban al Estado. Esa grave acusación fue vertida por el mandatario en un acto de entrega de kits de alimentos, realizado en Villa Hayes, el fin de semana pasado.
De sus expresiones, y considerando que él pertenece al sector al que fustigó, cabe colegir que habló con conocimiento de causa, que sus dardos verbales tuvieron su origen en realidades que él conoce en detalle. Es obvio, entonces, que al estar informado de los hechos también sepa la identidad de los que se aprovechan del Estado para acrecentar su patrimonio.
El breve ejercicio del poder –cinco meses–, desde adentro, le habrá permitido descartar sospechas y confirmar presunciones. Esta situación le agrega otro elemento de juicio para que sus expresiones se hayan basado en situaciones que domina a profundidad.
Lo que corresponde, pues, es que amplíe su pronunciamiento público e identifique a los que se benefician en forma indebida, al margen de las disposiciones legales, de contratos con el Estado. Identificar implica dar nombres y mencionar los sectores a los que pertenecen para que la ciudadanía sepa quiénes son los delincuentes que se apoderan de una parte de sus aportes en concepto de impuestos.
No puede, sin embargo, detenerse en la mera denuncia. Él, como administrador general de los bienes del Estado, está en la obligación de mover los resortes de la Justicia a través del Ministerio Público y las instancias institucionales a su alcance para que se profundicen las investigaciones acerca de los empresarios corruptos y la Justicia castigue a los que fueren hallados culpables.
Por otro lado, a través de las instancias correspondientes del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, él cuenta dentro de la estructura gubernamental con las herramientas de averiguación para desnudar a los del sector privado que obtienen ventajas ilícitas y se han hecho pasibles de sanción a nivel de la Justicia.
Es necesario, además, que delimite el alcance de sus expresiones para saber a qué sectores y personas van dirigidas porque es obvio que no se puede generalizar, ya que hay empresarios genuinos, ajenos al enroque con funcionarios corruptos de la administración pública. No es justo incluir a todos en la misma bolsa de avivados oportunistas.
La Constitución –artículo 238, inciso 2– dice que uno de los deberes del presidente de la República es “cumplir y hacer cumplir las leyes”. Por lo tanto, el presidente Cartes debe tomar los recaudos necesarios para que los empresarios sinvergüenzas sean sancionados. Si se conforma con la mera denuncia, será cómplice de los corruptos y su capital de credibilidad tendrá una marcada devaluación.