Cartes firmó el decreto 6.009, por el cual objeta totalmente el proyecto de ley 5.663/16 del funcionario público del Poder Legislativo, sancionado por el Congreso el pasado 24 de agosto. De esta forma, el Ejecutivo devuelve el documento a la Cámara de Diputados.
La normativa establece en su primer punto regular la situación jurídica de los trabajadores permanentes, contratados, personal de servicio y auxiliar de ambas cámaras legislativas, informó el periodista de ÚH, Roberto Santander.
Con el proyecto, el Congreso busca tener una norma propia que regule el sistema de ingreso, ascenso, promoción, remoción y demás derechos y obligaciones de sus funcionarios.
Los diputados indicaron en su momento que los funcionarios legislativos deben tener un marco legal diferenciado por las características de las labores que cumplen.
Sin embargo, para el Ejecutivo existen fundamentos suficientes para vetar totalmente la intención legislativa.
En ese sentido, como uno de los argumentos menciona que las reglas de protección de los trabajadores y la relación laboral de los funcionarios públicos están suficientemente reguladas por leyes generales como la Ley de la Función Pública y el Código del Trabajo.
No consideran que los funcionarios legislativos deban tener otro tratamiento porque no observan diferencias sustanciales en la modalidad de prestación de servicios de los trabajadores de ese poder del Estado que ameriten la vigencia de una ley especial.
En el decreto de la Presidencia de la República también se señalan otros fundamentos por los cuales se toma la determinación de no promulgar dicha legislación.
