Miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) anunciaron que desde el lunes se manifestarán frente a las instituciones del Estado en el interior, en protesta por el incumplimiento de la Ley de Emergencia Campesina. También informaron que se retiran de la mesa de diálogo con el Gobierno, debido a que no existen resultados más allá de firma de acuerdos.
Jorge Galeano, dirigente de la CNI, dijo que ya han pasado dos meses y medio desde la promulgación de la ley, y considerando que el tiempo establecido como emergencia es de tres meses, todo pareciera indicar que lo que se está esperando es llegar a ese tiempo.
Recordó que la CNI presentó una lista de 62.000 nombres, pero que la mayoría quedó afuera tras la depuración que hizo el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La sospecha que tienen los campesinos es que, excluyendo a sus miembros, habrá lugar para incorporar a otras personas y “politizar” así los beneficios de la ley de emergencia.
Uno de esos beneficios es la entrega de kits de alimentos. Galeano dijo que esta será la consigna de las movilizaciones a partir del lunes, debido a que permanecerán frente a las instituciones públicas afines a la ley, hasta tanto se entreguen los víveres prometidos. Además del MAG, la Ley de Emergencia involucra al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Dirección General de Extensión Agraria (Deag) y otras instituciones.
Galeano lamentó además que la ley no se haya podido aplicar antes de la salida del actual ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja. Se tiene previsto que renuncie el 20 de octubre para dedicarse a su precandidatura por la gobernación de Paraguarí. “Sabemos que tras la renuncia habrá más o menos un mes de corte administrativo hasta que asuma el nuevo ministro, y luego ya se cumplirán los tres meses de la emergencia”, explicó el dirigente.
Antecedentes. Recordemos que este conflicto es de larga data. Entre julio y agosto, los campesinos acamparon en Asunción pidiendo dos leyes: por un lado, una que contemplaba el subsidio por deudas y, la otra, la ley que declaraba en emergencia la agricultura familiar campesina.
La segunda fue sancionada, pero no se contaban con los fondos. Por ello, desde el Ejecutivo se planteó una ampliación de USD 40 millones para el MAG y el CAH, para aplicar la emergencia.
Esta emergencia contempla tres ejes: asistencia alimentaria, financiación de proyectos productivos y rehabilitación financiera.
No están en los registros del MAG
Tras el anuncio de la CNI, el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, llamó a conferencia. Explicó que de la lista de 62.000 personas presentada por la coordinadora, quedaron 52.052. Los excluidos inicialmente fueron nombres repetidos, funcionarios públicos y menores de edad. De ellos, 18.153 están en el Registro de Beneficiarios (Renabe) del MAG, por lo tanto están habilitados a recibir los beneficios de la Ley de Emergencia. El resto, unos 33.899, no figuran en dicho registro. Esto no quiere decir que están completamente fuera. Los técnicos del Ministerio verificarán a qué se dedica cada uno de ellos y en el caso de que se compruebe que son productores en situación de emergencia serán incluidos en el Renabe y se acogerán a la ley en una segunda etapa, explicó Baruja. El ministro prometió publicar en la web del ministerio todos esos nombres y la ubicación de sus fincas. Con respecto a la entrega de alimentos, dijo que hoy se harán las primeras entregas en Canindeyú.