Entender que los niveles de evasión impositiva en Paraguay ronden el 50% no es difícil. Obras inconclusas o en mal estado y enriquecimiento ilícito de los administradores públicos son la constante en este país que si bien despertó y reclama una mejora del gasto público, no encuentra una respuesta de parte de las entidades encargadas de sancionar a quienes utilizan el dinero de los contribuyentes a su antojo y para beneficio propio.
Durante el seminario sobre Experiencias y mejores prácticas internacionales en tributación, que se realizó esta semana en Asunción, Alberto Barreix, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que “un peso (guaraní) de evasión, en término puramente económico, es tan desastroso como un peso (guaraní) mal gastado del sector público”.
Por ello, más allá de la necesidad de mejorar los sistemas informáticos, para lograr reducir el índice de evasión actual hacen falta dos cosas primordiales: una fuerte campaña de concienciación que involucre a escuelas y colegios donde se explique a los niños –y que estos a su vez eduquen a sus padres– sobre lo perjudicial de la evasión de impuestos y una urgente mejora de la calidad del gasto público.
Si bien durante el gobierno de Horacio Cartes se logró una mayor transparencia sobre los datos públicos, esta acción es incompleta, debido a la falta de castigo a quienes mal usan los recursos estatales.
¿De qué sirve saber que hay niñeras de oro, cocido de oro o secretarias vip si el Poder Judicial no acompaña las denuncias publicadas por los medios de prensa?
Más allá de que puedan aplicarse sanciones morales a los malgastadores del dinero público, prohibiendo su entrada a comercios, debemos discutir y determinar también si lo que queremos es que devuelvan hasta el doble o el triple del dinero que se apropiaron indebidamente o queremos además llenar las cárceles del país con este tipo de personas.
Necesitamos debatir sobre lo que pagamos al Estado en concepto de impuestos y más aún sobre el destino real de ese dinero. Necesitamos que se reclame cada vez con más fuerza la mala utilización de nuestro dinero, para que no terminemos siempre pagando doble: primero por la construcción de la escuela o ruta y luego por la reparación de una obra deficiente, ejecutada sin el mínimo control, que pone constantemente en peligro la vida de nuestros niños y de los que transitan por las rutas del país.
Y, por sobre todo, necesitamos sanciones pecuniarias más duras hacia quienes nos roban día a día el presente y el futuro, haciendo malas obras adrede para poder incrementar su patrimonio personal.
