El fiscal Julio Ortiz lleva el caso de brucelosis en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) que se dio a conocer durante la primera semana de octubre. El agente sostuvo en contacto con Última Hora que “le hace dudar” el hecho de tener pendientes dos declaraciones testificales.
Docentes de Veterinaria testificaron ante el Ministerio Público el viernes pasado. Contaron que las autoridades sabían sobre la existencia de un informe de laboratorio, emitido en setiembre, que confirmaba un caso de brucelosis. Sin embargo, pidieron guardar silencio.
Los resultados del estudio laboratorial a los animales se conocieron el 6 de octubre. Pero varias facturas, incautadas por el fiscal Ortiz, prueban que se siguió vendiendo la leche caprina contaminada hasta el 10. En total, según confirmó el fiscal, en esos días se vendieron 35 litros y medio del producto.
¿Por qué duda en imputar hoy a la decana?
El fiscal del caso contó que aún deben prestar declaración indagatoria este martes dos docentes, por lo que no sabe si esperar a que declaren o accionar hoy mismo contra la decana Azucena Cabrera. La mujer es sindicada de haber callado ante casos de brucelosis.
La decana es una de las personas que deben acercarse este lunes al Ministerio Público.
Por orden fiscal, los docentes Sandra Pereira, Mirian Meza y Carlos Espínola, jefe de la División Caprinos, y alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias declararon ante la Justicia y adjudicaron toda la responsabilidad a la decana, por haber pedido que la información no sea revelada.
“Era Espínola el que ya supo del primer caso de brucelosis el 28 de setiembre. El doctor dijo que al enterarse se acercó a la decana con preocupación, le informó del caso con la prueba de laboratorio y la mujer le pidió que guarde silencio. Supuestamente, le dijo que ella y otras autoridades se harían cargo del tema para solucionarlo”, relató el fiscal del caso.
Unas semanas después se empezaron a escuchar los rumores en el pasillo sobre casos de brucelosis. Esto generó que tres docentes decidan encarar a Espínola, quien evadió la situación, dijo Ortiz.
El representante del Ministerio Público refirió que ya tiene todo preparado para imputar a la mujer por el hecho punible de comercialización de alimentos nocivos. La misma representa una pena de hasta tres años de cárcel o multas, según el artículo 208 del Código Penal.
Las ventas de leche contaminada siguieron
Extractos de venta remitidas a la Gerencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) desde la División de Ganado Caprino del Departamento de Producción Animal de esa casa de estudios acreditan que la leche de cabra continuó siendo comercializada durante, por lo menos, cuatro días posteriores a la confirmación oficial del contagio de brucelosis en 14 caprinos.
Tanto el ordeñe de cabras como la venta del producto no se cortaron, pese a que el 6 de octubre se conocieron los resultados serológicos practicados al rebaño desde el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
Según declaraciones de docentes, ya el 28 de setiembre las autoridades de la facultad tomaron conocimiento –mediante un análisis hecho a una cabra– del primer caso positivo de la enfermedad, pero decidieron mantenerlo en discreción y obviaron el alerta.
Dos días después, el 30 de setiembre, una estudiante comunica a la institución educativa que contrajo brucelosis. Otros dos casos se confirmaron posteriormente.
