El paro general será el primero desde 1996, cuando, bajo el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), las organizaciones sindicales ocuparon las calles para protestar por el desempleo y los bajos salarios y a favor de la reforma agraria y de una política de asistencia social más amplia.
La situación actual del país también coincide con unas cifras de paro récord, que alcanza a 13,5 millones de personas, y una crisis económica profunda que el Ejecutivo brasileño intenta atajar con una batería de polémicas reformas que han derivado en la huelga de este viernes.
Una de ellas es la reforma laboral, aprobada por la Cámara de Diputados en la noche de miércoles y que, de ser ratificada por el Senado, abrirá la puerta al abaratamiento de los costos laborales, permitirá negociar convenios colectivos con valor de ley y dará un duro golpe financiero a los sindicatos al eliminar la contribución obligatoria que les asignaba la normativa.
En la protesta también se clamará contra la otra reforma de gran calado que está trámite en el Congreso, la del sistema jubilaciones y pensiones, que, como las anteriores, es aplaudida por el sector empresarial y rechazada por los sindicatos.
Las reformas de Temer, que ocupa la Presidencia desde el 31 de agosto, cuando la entonces mandataria Dilma Rousseff fue destituida por el Congreso, se iniciaron con un controvertido techo de gastos y siguió con una ley de “tercerización” que permite convertir a los empleados en prestadores de servicios para cualquier actividad.
Con la reforma laboral a las puertas de superar todos los trámites, Temer confía en que su duro ajuste fiscal sirva para acabar con la profunda recesión de los dos últimos años en los que el Producto Interior Bruto (PIB) del país se desplomó más del siete por ciento.
Temer sostuvo que la reforma modificará una legislación que data de 1943, “permitirá garantizar los derechos de los trabajadores previstos en la Constitución e impulsará la creación de empleos”.
En un comunicado difundido por el portavoz del Gobierno, el presidente señaló que la reforma va a adecuar el mercado de trabajo “a la realidad del presente” y prepara al país para “las exigencias del futuro”.
“La movilización es necesaria para mostrar al Gobierno la fuerza de la clase trabajadora, que no acepta la retirada de derechos”, declaró hoy el presidente de Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, citado en un comunicado.
El Gobierno anunció hoy que descontará el día a los funcionarios que sigan la huelga y el alcalde de Sao Paulo, el empresario Joao Doria, adelantó que tomará la misma medida.
En respuesta, el Ministerio Público (Fiscalía) del Trabajo enfatizó “la legitimidad de los intereses que se pretenden defender por medio de la anunciada huelga general, como movimiento justo y adecuado de resistencia de los trabajadores”.
En un comunicado, reiteró que está en contra de la reforma laboral porque “viola gravemente” la Constitución y “debilita los derechos fundamentales de los trabajadores”.
En Sao Paulo, el estado más poblado e industrializado del país, los sindicatos anunciaron que pararán el sistema de transporte, incluido metro y autobús y hasta podría detenerse la actividad en los aeropuertos.
Asimismo, el Movimiento Sin Techo (MTST) de Brasil, junto con otras organizaciones sociales, tiene programada una marcha hasta la residencia de Temer en Sao Paulo.
Los organizadores planean bloqueos en carreteras y autopistas de varios estados del país.
