EFE
“Un ajuste justo: Un análisis de la eficiencia y la equidad del gasto público en Brasil”, el nombre del informe, señala que el aumento del gasto público en los últimos 20 años está poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, pues el déficit alcanza el 8% del PIB y la deuda saltó del 51,5% en 2012 al 73% de este año.
El Banco Mundial indica que el Gobierno brasileño tendrá que hacer frente a “duras elecciones” para ajustar sus cuentas, con el peligro “de sumergirse de nuevo en la espiral de la inflación y del bajo crecimiento”.
En este sentido, apunta que será necesario reducir los gastos un 0,6% en proporción al PIB del país cada año, así como recortar el gasto de los Estados y municipios en un 1,29%.
El documento, que trae una amplia radiografía de los gastos y programas sociales del Gobierno, sugiere al país un conjunto de medidas que podrían aliviar la presión sobre el presupuesto federal en el equivalente al 7,07% del PIB para 2026.
El Banco Mundial apunta en su estudio que “la seguridad social es el motor del desajuste fiscal” y que su reforma será la medida con más impacto para la economía brasileña.
De mantenerse la actual situación, en trece años, el pago de las jubilaciones y pensiones agotará el límite del techo de gasto del gobierno federal y no habrá dinero para salarios, mantenimiento de escuelas y hospitales, ni para inversiones; de este modo, en 2080 el gasto de la seguridad social corresponderá al 150% del PIB nacional.
Además, el informe señala que la seguridad social brasileña es un sistema injusto, porque el 35% de los subsidios de seguridad benefician al 20% más rico del país, mientras que el 18% va a para al 40% del sector más pobre de la población.
El Banco Mundial es taxativo en su diagnóstico, los programas gubernamentales benefician a los ricos más que a los pobres y es que a pesar del alto volumen de gasto público, la política fiscal ha tenido poco éxito en la reducción de la desigualdad y la pobreza.
El estudio fue encargado por el propio Gobierno brasileño, que intenta interrumpir la tendencia de aumento de sus gastos y garantizar el cumplimiento del recién aprobado techo de gasto, en medio del marco político del país que espera unas elecciones generales en 2018.
