Este proyecto contribuirá –de acuerdo con informaciones emanadas del BID– a la mejora de la transitabilidad y el nivel de servicio de esta ruta desde el kilómetro 50 (Cerrito) hasta el kilómetro 525 (Mariscal Estigarribia), además de mejorar los accesos a las localidades de Loma Plata, Neuland y Filadelfia. El proyecto incluirá también labores de conservación del trazado, lo que resultará en la reducción de los costos de operación de transporte y los tiempos promedios de viaje.
Este proyecto fue concretado luego de que no se pudiera llevar adelante el de llave en mano.
En esencia, había fracasado el proyecto de reconstrucción de la Transchaco por esa vía, puesto que el MOPC había recomendado adjudicar la obra por USD 634 millones a la firma portuguesa Mota Engil, única oferente de la licitación; pero Hacienda frenó todo el proceso, porque el proyecto generaría déficit fiscal.
La ruta nacional Nº 9 (RN9) tiene una longitud de 761 km, parte de Asunción hasta la frontera con Bolivia y es la principal vía de comunicación del Chaco con el centro administrativo y económico del Paraguay.
A su vez, conecta el país con la costa del Pacífico a través de Bolivia, Argentina y Chile, constituyéndose en un corredor clave para el comercio intrarregional y global. El tránsito medio diario anual en 2017 es de aproximadamente 1.500 vehículos/día, de los cuales el 50% corresponde a camiones medianos y pesados, según informaciones del BID.
Productividad de la economía
El BID también aprobó un préstamo de USD 200 millones en apoyo a las reformas de política (PBL, por sus siglas en inglés) con el objetivo de impulsar la productividad de la economía paraguaya.
De acuerdo con la entidad bancaria, estas reformas son importantes para mejorar el crecimiento inclusivo y sostenible en el país, dado un contexto caracterizado por la incertidumbre financiera internacional, la evolución económica de sus principales socios comerciales, y la reducción de los precios de los commodities.
Las reformas contempladas en el proyecto incorporan cambios institucionales y regulatorios en materia de transparencia, regulación financiera, y desarrollo de instrumentos de apoyo al sector privado, especialmente, para las pequeñas y medianas empresas, teniendo muy en cuenta la perspectiva de género como aspecto clave para mejorar la inclusividad y la profundidad del sistema, según sostuvieron los técnicos del BID.
