Ambos ministros comparecieron ante los medios tras mantener una reunión para estudiar las reformas legales que debe abordar el país tras el atentado registrado en diciembre en Berlín, donde murieron doce personas arrolladas por un camión que conducía un tunecino al que no se había podido expulsar del país por falta de documentación.
Entre las medidas acordadas se incluye también la vigilancia con tobilleras electrónicas de las personas consideradas peligrosas o potenciales terroristas por las fuerzas de seguridad y la prisión preventiva previa a su expulsión para esos casos.
De Maizière subrayó que todos los ministros de Interior de la Unión Europea se han mostrado de acuerdo en vincular la ayuda al desarrollo con el grado de cooperación de los países de origen a la hora de aceptar a los deportados.
De esta forma, explicó, habrá “menos ayuda al desarrollo” para los Estados que muestren una “menor disposición a cooperar” en la cuestión de las devoluciones.
El responsable de Interior agregó que la ayuda a la cooperación no es el único medio de presión disponible frente a estos países y recordó que algunos Estados del norte de África no reciben ningún dinero en este concepto.
Maas reconoció que las tobilleras electrónicas no son un método infalible, pero consideró que son “muy necesarias”, pues facilitarán el trabajo de las fuerzas de seguridad.
Los dos ministros acordaron también reforzar los programas de prevención, acelerar la puesta en marcha del registro europeo antiterrorista de pasajeros aéreos e impulsar el intercambio de datos entre los países comunitarios.
En opinión de De Maizière, las medidas acordadas demuestran la capacidad de la gran coalición de Gobierno de consensuar en tiempos difíciles iniciativas para “aumentar la seguridad de los ciudadanos sin interferir de manera desproporcionada en las libertades”.
De Maizière avanzó que el objetivo de la gran coalición es aprobar todas estas medidas “tan rápido como sea posible” y se puso como fecha límite el final de la presente legislatura, que concluye en otoño.
Estas propuestas intentan dar respuesta directamente a varios de los fallos de seguridad evidenciados tras el atentado de Berlín y tras desvelarse detalles del historial de su autor, Anis Amri, abatido días después en Milán.
Estaba clasificado como peligroso y había sido vigilado durante meses, pero los seguimientos fueron suspendidos al no encontrarse pruebas suficientes para llevarlo ante la Justicia.
Asimismo, su petición de asilo había sido rechazada en el verano de 2016, pero hasta dos días después del atentado no se recibió de Túnez la documentación necesaria para su deportación, por lo que se movió libremente por el país.
